En un alarmante informe presentado ayer, Greenpeace ha revelado que más de 2,7 millones de habitantes en España residen en áreas con un alto riesgo de inundaciones, lo que abarca más de 26.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional. De este total, aproximadamente 700.000 personas se encuentran en zonas especialmente vulnerables a este tipo de desastres naturales. Esta situación es especialmente preocupante ya que, a tan solo tres meses de la devastadora Dana que azotó Valencia, se continúan planificando nuevas construcciones en estas áreas de alto riesgo.

El estudio, que se ha divulgado en un contexto tan crítico, es parte de la campaña de Greenpeace para instar a las autoridades a implementar estrategias efectivas de mitigación y adaptación frente a estos fenómenos. La organización ha subrayado que la cuenca mediterránea, debido a su combinación de factores geográficos, climáticos y atmosféricos, se encuentra particularmente expuesta a episodios de lluvias extremas, lo que la convierte en una región de gran preocupación ante los efectos del cambio climático.

El informe titulado "Danas, inundaciones y cambio climático: aprender de los errores para salvar vidas", publicado este miércoles, pone en evidencia la necesidad urgente de que las administraciones adopten medidas contundentes. Entre sus recomendaciones, Greenpeace ha solicitado que se establezcan regulaciones para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y que se responsabilice a las empresas de combustibles fósiles de las indemnizaciones derivadas de inundaciones, dado que son considerados los "principales responsables del cambio climático".

Además, la ONG ha instado a las autoridades a actualizar los protocolos y sistemas de alerta temprana para que reflejen la nueva realidad impuesta por el cambio climático. El objetivo es elaborar planes de prevención y adaptación a nivel autonómico y municipal que integren de manera conjunta los diferentes riesgos climáticos y prioricen las iniciativas basadas en la naturaleza, enfocándose en la protección de los colectivos más vulnerables.

En una propuesta más específica, Greenpeace ha abogado por la revisión adecuada de todos los planes generales de urbanismo previos a 2015, exigiendo que se incorporen informes de inundabilidad y mapas de riesgo para determinar que las áreas propensas a inundaciones no sean urbanizables. Entre sus peticiones, se destaca la importancia de restaurar ecosistemas naturales como humedales, márgenes de ríos y llanuras de inundación para fortalecer la resiliencia ambiental.

La organización ha enfatizado que la adaptación al cambio climático debe ser inclusiva y justa, asegurando la protección de toda la población y buscando reducir desigualdades existentes. Greenpeace ha criticado que España no esté respondiendo "a la velocidad que la emergencia climática exige", advirtiendo que las decisiones políticas que se tomen en los próximos tiempos influirán directamente en la severidad de los efectos del cambio climático, tanto en aspectos humanitarios como económicos.

En relación a la situación en Valencia, Greenpeace ha denunciado que la Generalitat modificó una normativa que permitió la construcción en áreas inundables sin la presentación de informes pertinentes, y esto ocurrió en la misma semana en que la Dana causó estragos. Esta tragedia se ha convertido en la más costosa en la historia de España en términos de indemnizaciones por pólizas de seguros, con hasta 1.050 millones de euros ya pagados, según los datos más recientes del Consorcio de Compensación de Seguros.

Elvira Jiménez, responsable de la campaña de adaptación a eventos extremos de Greenpeace, ha declarado que "aún hay mucho por hacer", aunque también es cierto que "aún estamos a tiempo" de mitigar los efectos del calentamiento global. Jiménez subraya que "lo trágico de lo ocurrido en Valencia es que muchas de las consecuencias podrían haberse evitado con medidas proactivas, y lamentablemente no se trata de un evento aislado", apuntando a la necesidad de una respuesta integral y adecuada ante estas crisis climáticas.