La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abordado recientemente la necesidad de implementar cambios en la legislación futura, dejando claro que no se pueden adoptar medidas que perjudiquen a los contribuyentes en relación a situaciones pasadas.

En una entrevista ofrecida a TVE, Montero expuso que su equipo está trabajando en estrategias para recuperar los fondos que, según alegaciones, el Estado dejó de obtener debido a medidas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy. Estas decisiones, orquestadas por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, habrían favorecido a sectores como la energía, la construcción y los juegos de azar a través de la creación de normativas ventajosas.

Montero subrayó que cualquier iniciativa que se considere será orientada a un futuro más justo y equitativo. Afirmó: "En términos fiscales, no se puede actuar de manera que resulte perjudicial para el contribuyente de forma retroactiva". Este enfoque busca prevenir injusticias a quienes pudieron haber sido afectados por decisiones anteriores.

En el marco de la investigación que lleva adelante un tribunal en Tarragona, la ministra también señaló que su ministerio está revisando aquellos marcos normativos que habrían beneficiado a grandes corporaciones a expensas de los intereses del Estado. Estas empresas, a su vez, habrían hecho pagos al despacho de asesoría 'Equipo Económico', fundado por Montoro antes de su paso por el gobierno.

La ministra añadió que el objetivo del análisis es determinar si estas legislaciones ocasionaron un daño significativo a los ingresos públicos y cómo podría corregirse dicho impacto. Montero subrayó que el Gobierno tiene como prioridad proteger lo que beneficia al interés general mientras busca recuperar lo que fue otorgado indebidamente a grandes empresas.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de recuperar los 2.200 millones de euros que se estiman en la investigación judicial, Montero destacó que es demasiado pronto para concretar cifras, reiterando la importancia de no aplicar medidas retroactivas que puedan perjudicar a los contribuyentes, incluidas las empresas que habrían gozado de estas ayudas bajo el anterior régimen.

La ministra concluyó señalando que tanto la Unidad Central Operativa (UCO) como los tribunales realizarán sus propias estimaciones, y lo que realmente busca su ministerio es revertir una situación que no debería repetirse en el futuro.

“Estamos considerando todas las opciones que nos permitan implementar este cambio normativo necesario para restablecer la normalidad que fue alterada por intereses indebidos y pagos que supuestamente beneficiaron a un grupo finiquitado del Ministerio de Hacienda”, afirmó Montero con firmeza.