Iglesia aplaude solicitud de investigación sobre abusos a menores y reclama exención fiscal en indemnizaciones.

En una reciente reunión, la Iglesia española ha manifestado su apoyo a la iniciativa del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que pide una exhaustiva investigación sobre la explotación sexual de menores que se encuentran bajo custodia, según se expone en el informe elaborado por la institución para el año 2025 y presentado en el Congreso. No obstante, la Iglesia también ha vuelto a insistir en su demanda de exenciones fiscales para las indemnizaciones que se otorgan a las víctimas de abusos.

Fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE) han confirmado esta postura a Europa Press, señalando que la exención fiscal es una de las reivindicaciones que se integró en el acuerdo suscrito el pasado 8 de enero con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Este pacto busca establecer un nuevo camino a través del Defensor del Pueblo para facilitar la reparación de las víctimas de abusos en el contexto de la Iglesia católica, especialmente aquellas que no pueden acceder a la vía judicial.

Además, recalcan que persisten en su solicitud de exención fiscal para las compensaciones ya pagadas a las víctimas, un estatus que, según la Iglesia, solo se aplica en la comunidad foral de Navarra por el momento. En el marco de esta negociación con el Defensor del Pueblo, la Iglesia enfatiza la importancia de evitar duplicidades en la gestión de los casos de abusos, siguiendo lo acordado el 8 de enero. Los obispos consideran que permitir distintos acuerdos sobre un mismo caso podría comprometer el pacto inicial alcanzado con el ministro.

La Iglesia subraya que el Plan de Reparación Integral a menores y personas en situaciones similares, que ha sido desarrollado para atender a víctimas de abusos sexuales, no se basa en obligaciones legales, sino en un mandato moral que la institución ha decidido adoptar para atender a quienes no han podido acudir a instancias legales. Insisten en que este procedimiento ha demostrado ser efectivo, brindando a las víctimas reparaciones que superan las compensaciones estipuladas por las sentencias civiles, y se compromete a mantener estas iniciativas aun sin llegar a un acuerdo formal.

El objetivo de este acuerdo con el Defensor del Pueblo es facilitar que las víctimas que no deseen dirigirse directamente a la Iglesia puedan presentar sus casos a través de su oficina. Este proceso complementario, según afirman los obispos, no podrá diferenciarse de las condiciones aplicables a quienes sí elijan acudir a la Iglesia. El convenio que se busca formalizar entre la Iglesia y el Gobierno debió ser suscrito en febrero, conforme a lo estipulado en el acuerdo firmado en enero del presente año para establecer un sistema de reparación mixto que involucre tanto a la Iglesia como al Estado.

Concretamente, el documento especificaba que, para formalizar el acuerdo, se requería la firma de un nuevo convenio de colaboración entre la Iglesia Católica, el Defensor del Pueblo y el Ministerio de la Presidencia, lo cual marcaría el inicio de un plazo de un año, con posibilidad de prórroga, para que las víctimas pudieran presentar sus solicitudes de indemnización.

El acuerdo estipula que este plazo comenzará una vez se firme el convenio en cuestión, lo que permitirá a las víctimas iniciar sus solicitudes de reparaciones dentro de un marco temporal claramente definido. También resalta que este convenio deberá involucrar la opinión de las víctimas y establecer un "estatuto básico" que regule el reconocimiento de su condición y las diferentes formas de reparaciones, que incluyen aspectos restaurativos, psicológicos y morales.

Este mecanismo de reparación se inscribe dentro del compromiso del Gobierno de asegurar la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, tal como establece la Ley Orgánica 8/2021. Desde la Conferencia Episcopal, se valora positivamente que el Gobierno haya asumido la responsabilidad de abordar la reparación de las víctimas en diversos ámbitos de la sociedad, tal como había solicitado la Iglesia.

Durante la presentación del acuerdo, el presidente de la CEE, Luis Argüello, expresó su esperanza de que este avance facilite la llegada de procesos reparativos a otros sectores de la sociedad. El ministro Bolaños defendió que el acuerdo se centra exclusivamente en las víctimas de abusos dentro de la Iglesia Católica, reiterando que no se extiende a otros contextos. La CEE y la CONFER continuarán gestionando su propio sistema de reparación a través de una comisión asesora del PRIVA, que comenzó a funcionar en 2024.