En una reciente declaración, la exministra de Igualdad, Irene Montero, ha criticado con vehemencia la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha absuelto al futbolista Dani Alves de la condena por agresión sexual. Montero ha descrito esta resolución como un claro reflejo de la violencia institucional y de un sistema de justicia que perpetúa actitudes patriarcales.

Montero ha expresado en sus redes sociales que la absolución, basada en la supuesta falta de credibilidad de la víctima, es un ejemplo contundente de cómo se desprotege a las mujeres. También ha hecho eco de pronunciamientos de organismos internacionales como la ONU, que subrayan la necesidad de erradicar la cultura de impunidad que rodea a los agresores. “Aquí está claro: solo sí es sí”, ha enfatizado, reafirmando su postura sobre el consentimiento.

La controversia surgió cuando la Sección de Apelaciones del citado tribunal anunció su decisión unánime de revocar la condena impuesta a Alves, quien había sido sentenciado a más de cuatro años de prisión por un episodio ocurrido en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022.

Además, Montero destacó la relevancia de una publicación de ACNUR que aborda los estereotipos de género dentro del sistema judicial. El informe señala que con frecuencia, los jueces aplican expectativas rígidas sobre las conductas adecuadas de las mujeres, penalizando a aquellas que no se ajustan a estos patrones. Esta afirmación resuena con la crítica más amplia de Montero sobre cómo se manejan casos de violencia de género.

En el pasado, tras la condena inicial de Alves, Montero había subrayado que este triunfo judicial era el resultado de la perseverancia del movimiento feminista en la defensa del derecho a la libertad sexual y la importancia de poner al consentimiento en el centro de la conversación.

Según el auto del tribunal, la defensa del futbolista logró la anulación de la condena anterior, desestimando los recursos de la Fiscalía y la acusación particular que solicitaban penas más severas. La reciente sentencia destaca la falta de fiabilidad del testimonio de la denunciante y señala insuficiencias probatorias al justificar su decisión de revocar la anterior condena, dejando sin efecto las medidas cautelares que se habían impuesto.