En un acontecimiento alarmante que ha tenido lugar en Jerusalén Este, las fuerzas de seguridad israelíes llevaron a cabo una operación de asalto en la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), provocando la condena inmediata de la comunidad internacional. Este hecho ha sido tildado como un "flagrante desprecio" por las autoridades del organismo, quien destaca que se está ignorando la imperiosa responsabilidad de proteger las instalaciones de la ONU.

Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA, ha denunciado que los efectivos israelíes ingresaron al complejo a primera hora del lunes de manera violenta, cortando toda comunicación y confiscando bienes esenciales como muebles y equipos de comunicación. Según sus palabras, "la bandera de la ONU fue bajada y reemplazada por una bandera israelí", en un acto que considera una grave violación de las obligaciones internacionales que debe observar Israel como estado miembro de las Naciones Unidas.

Lazzarini también recordó que el personal de la agencia había tenido que evacuar la sede a principios de este año luego de lo que describió como meses de acoso, que incluyeron ataques incendiarios y una creciente campaña de desinformación en su contra. La situación se agrava con la reciente aprobación de legislaciones en el Parlamento israelí que socavan la existencia y el trabajo de la UNRWA, acciones que, según Lazzarini, son contrarias a los compromisos internacionales que Israel ha asumido.

El comisionado reiteró que, independientemente de las maniobras internas de Israel, la sede de la UNRWA conserva su estatus de instalación de la ONU, lo que le otorga inviolabilidad frente a cualquier interferencia. Hizo hincapié en que la Corte Internacional de Justicia ha dejado claro que Israel tiene la obligación de cooperar con la UNRWA y otros organismos de la ONU, enfatizando que no puede haber excepciones a estas normativas internacionales.

Las autoridades palestinas de Jerusalén Este también han expresado su firme condena a lo que califican de "asalto" israelí a la UNRWA, describiéndolo como un ataque grave y un desafío directo a la decisión de la Asamblea General de la ONU de renovar el mandato de la agencia hasta 2029. Esta postura resalta el desdén mostrado por Israel hacia el Derecho Internacional y la inmunidad de las instalaciones de la ONU.

En un comunicado, la gobernación de Jerusalén remarcó que las operaciones israelíes han incluido la detención del personal de seguridad del complejo y el corte total de comunicaciones, lo que ha dificultado entender la magnitud de la situación. La cerrada zona, sometida a registros exhaustivos, se alinea con la reciente legislación de la Knesset que busca restringir las operaciones de la UNRWA en Jerusalén Este, en un contexto de intensificación de la presión contra la agencia tras los eventos del 7 de octubre de 2023 en Gaza.

Asimismo, el gobernador de Jerusalén ha recordado que según el Derecho Internacional, Jerusalén Este es un territorio ocupado cuya anexión no es reconocida. "Atacar a una agencia de la ONU que asiste a refugiados es una violación grave del sistema internacional", ha declarado, instando a la comunidad internacional a rechazar las acciones israelíes que perpetúan la ocupación y la opresión contra el pueblo palestino.

Finalmente, ha hecho un llamado urgente para que se tomen medidas que lleven a Israel a rendir cuentas por sus acciones, advirtiendo que este tipo de agresiones contra la UNRWA no solo desafían la reciente votación de la ONU, sino que también pueden tener repercusiones peligrosas en el ámbito internacional, donde se necesita proteger los derechos humanos y la soberanía de los pueblos. “Es necesario que se realicen acciones que aseguren que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la justicia”, concluyó.