MADRID, 15 Nov.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha reabierto el debate en torno a una controvertida reforma constitucional que podría poner fin a décadas de pacifismo japonés, una era que comenzó tras la Segunda Guerra Mundial. Este cambio, que permitiría a Japón renunciar a su histórica prohibición de la guerra como "derecho soberano", ha levantado serias dudas sobre el futuro militar del país.

Al iniciar conversaciones con su principal aliado de Gobierno, el Partido de la Innovación (JIP), Takaichi continúa el legado de figuras conservadoras como el fallecido Shinzo Abe, quien había impulsado intentos de modificar la Constitución para reforzar la defensa nacional de Japón. Estos esfuerzos, sin embargo, han generado un profundo descontento y resistencia en la sociedad japonesa.

La propuesta ha sido objeto de críticas significativas durante años y refleja la polarización existente en la opinión pública nipona respecto a la militarización del país. Con el Partido Liberal Democrático (PLD) ya prometiendo en su campaña electoral enmendar la Constitución, el contexto actual se vuelve sensible ante los desafíos emergentes en la política exterior.

A pesar de sus intentos previos por modificar el artículo 9 de la Constitución, el PLD se veía frenado en sus avances por la oposición de su antiguo socio de coalición, el partido Komeito, que es más cauteloso en cuestiones de militarización. No obstante, la nueva administración está considerando la introducción de una "cláusula de emergencia" que podría activar respuestas rápidas en caso de desastres o agresiones militares.

Desde que la Constitución fue promulgada en 1947, esta no ha sido alterada. Redactada bajo la supervisión de un comité estadounidense, ha permanecido intacta, en parte debido a la necesidad de contar con un amplio consenso en la Dieta de Japón, el parlamento nacional, para cualquier reforma.

Para llevar a cabo esta reforma, es fundamental que el PLD logre obtener el apoyo de dos tercios de ambas Cámaras del parlamento y que, posteriormente, la población respalde el cambio en un referéndum nacional. Aunque actualmente el PLD cuenta con apoyo de otros partidos que también buscan reformar las limitaciones militares, las cifras de apoyo en la Cámara Baja son insuficientes.

El artículo 9 de la Constitución ha llegado a ser un símbolo de la identidad pacifista de Japón, y muchos conservadores lo ven como un legado humillante de la ocupación estadounidense. Este artículo prohíbe explícitamente que Japón mantenga fuerzas militares o capacidades bélicas, lo que el PLD busca redefinir para legitimar su postura sobre la existencia de las Fuerzas de Autodefensa.

El texto de la Constitución, que incluye rendición de cuentas del emperador y el compromiso con el pacifismo, fue aprobado en octubre de 1946 por la Dieta, y desde entonces, ha servido como un pilar fundamental en la identidad nipona post-guerra. En una intentona anterior, en 2014, Abe propuso un cambio que permitiría a Japón ejercer el derecho a la autodefensa colectiva, argumentando la amenaza a la existencia del país, pero no logró el apoyo necesario.

Con un creciente clima de tensiones en la región, especialmente con respecto a Corea del Norte y China, la postura de Takaichi ha provocado temores de un cambio drástico en la política exterior japonesa. La dirigente ha señalado que cualquier agresión china sobre Taiwán podría forzar a Japón a tomar medidas drásticas en defensa de sus intereses regionales.

Este discurso ha generado reacciones fuertes desde Pekín, donde los funcionarios han manifestado preocupaciones sobre los riesgos de una confrontación con Japón, incluso amenazando con consecuencias severas. La situación se complica aún más con los llamados de China a Japón para aceptar las lecciones de su pasado y evitar repetir errores históricos que podrían llevar a un nuevo conflicto.