Un grupo de 135 jueces y juezas que trabajan en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han emitido una grave advertencia sobre la nueva Ley Orgánica destinada a mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta legislación, según su análisis, podría llevar a un "colapso total" de estos tribunales, ya que deberán asumir también los casos relacionados con delitos contra la libertad sexual, independientemente de la relación que exista entre el agresor y la víctima.

En un comunicado difundido el lunes, los magistrados subrayan que la pronta implementación de esta reforma resultará en una saturación aún mayor en unos juzgados que ya se encuentran desbordados, especialmente en un ámbito tan delicado como es la protección de las mujeres y sus hijos frente a la violencia de género.

Históricamente, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer ya tenían competencia para investigar estos delitos siempre que existiera un vínculo afectivo entre la víctima, generalmente una mujer, y el agresor, que suele ser un hombre. A partir de esta nueva normativa, comenzarán a juzgar estos casos sin necesidad de que exista dicho lazo, lo que, según los jueces, aumentará significativamente su carga de trabajo.

Los magistrados también critican la falta de financiación adecuada que acompaña esta reforma, la cual se presenta como una medida "a coste cero". Detallan que, según las proyecciones del Ministerio de Justicia, esta nueva asignación de competencias incrementará la carga laboral en al menos un 20%, haciendo aún más insostenible la situación actual.

Aunque las autoridades han intentado asegurar a la ciudadanía que se realizarán adaptaciones en las secciones de instrucción para dar cabida a estos nuevos casos, los jueces resaltan que la ampliación de competencias está programada para entrar en vigor el 3 de octubre de 2025, justo antes del lanzamiento general de estas secciones, previsto para el 31 de diciembre de ese mismo año. Esto trae consigo grandes dudas sobre la efectividad de estas supuestas "facilidades".

Los firmantes del comunicado recuerdan que en casi dos décadas ha habido un aumento exponencial en los delitos a los que se enfrentan estos juzgados, junto con un incremento en el número de denuncias, y que este crecimiento no ha sido contrarrestado con una mejora proporcional en la infraestructura y personal judicial.

Adicionalmente, solo en cinco de los partidos judiciales del país, como Madrid y Barcelona, existen medidas de guardia para estos órganos, lo que les permite atender denuncias y casos urgentes durante todo el día. En el resto de los 88 juzgados exclusivos de violencia de género, operan en horarios limitados, lo que compromete la atención de asuntos tanto penales como civiles.

La falta de continuidad y recursos significativos también es motivo de preocupación. En estos juzgados, muchos no tienen la capacidad de ofrecer servicio de guardia, lo que puede llevar a retrasos significativos en la atención de casos cruciales, especialmente en situaciones de emergencia relacionadas con la violencia de género.

El comunicado destaca las condiciones precarias bajo las cuales trabajan estos órganos judiciales, carentes de los equipos forenses necesarios, así como de asesoramiento adecuado para las víctimas. Este estado ha sido objeto de críticas sistemáticas por parte de diversas instituciones, incluyendo informes del Defensor del Pueblo.

Los jueces advierten que, con la implementación de esta reforma sin los recursos adecuados, se corre el riesgo de dar un "significativo paso atrás" en la lucha contra la violencia de género, creando un panorama cada vez más inseguro para las mujeres afectadas y sus hijos.

Concluyen haciendo un llamado a la ciudadanía, especialmente a las mujeres que necesitan un sistema judicial efectivo y accesible, para que tomen conciencia del preocupante futuro que se vislumbra con esta nueva legislación.