Juez del 'caso Koldo' solicita a Raminatrans documentos sobre la compra de mascarillas por parte de Adif.

Recientemente, una acusación popular ha puesto de manifiesto las "inconsistencias" en las declaraciones de dos testigos sobre la adquisición de material sanitario, poniendo en el centro de la controversia la compra de mascarillas durante la crisis del COVID-19.
En un desarrollo relevante del 'caso Koldo', el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha solicitado al presidente de la empresa Raminatrans, Rafael Milla, que facilite las actas y albaranes relacionados con la entrega de mascarillas compradas por Adif, una entidad pública bajo la supervisión del Ministerio de Transportes.
La petición surge tras la solicitud de la Asociación Liberum, que actúa como acusación popular en este caso, buscando esclarecer "inconsistencias insalvables" en las versiones ofrecidas por diversos testigos en relación con las compras a la empresa involucrada en la investigación.
Los testimonios de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y Rafael Milla, el actual presidente de Raminatrans, han sido objeto de escrutinio. En su declaración ante el Tribunal Supremo, Pardo de Vera indicó que de los 5 millones de mascarillas adquiridas a Soluciones de Gestión, una empresa relacionada con la trama en cuestión, solo se recibieron 300,000, lo que ha levantado numerosas alarmas.
Por su parte, Milla confirmó en su testimonio en octubre ante el Juzgado Central que cada entrega de mascarillas se documentó mediante actas, dejando claro que habían sido puestas a disposición de la justicia, algo que se ha vuelto crucial en la evaluación del caso.
Un informe de auditoría elaborado por la Dirección General de Organización e Inspección también ha sido citado, revelando un cronograma de las entregas que tuvo lugar entre el 17 y el 27 de abril de 2020 relacionado con la mencionada compra de mascarillas.
Es importante recordar que esta investigación comenzó en la Audiencia Nacional, pero tras detectar indicios que justifican una pesquisa al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, el juez Moreno decidió trasladar parte del proceso al Tribunal Supremo, dada la condición de aforado del dirigente socialista en su rol como diputado del Congreso.
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