En un avance significativo en la investigación que rodea a Begoña Gómez, el juez asignado al caso ha convocado para este miércoles a una serie de testigos clave que aportarán información sobre las inversiones realizadas en el software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Este proceso comenzará a las 10 horas y se centrará en representantes de gigantes tecnológicos como Google España, Indra y Telefónica, en un contexto donde se sospecha que la esposa del presidente del Gobierno podría haber incurrido en irregularidades.

Además de estos testimonios, también se ha programado la comparecencia de la empresa Arsys Internet y de los exvicerrectores de la UCM, Juan Carlos Doadrio y José María Coello de Portugal, quienes testificarán a primera hora de la mañana. En junio, ambos exfuncionarios ya habían declarado ante el juez Peinado, afirmando que no tenían control sobre las facturas asociadas a la cátedra que dirige Gómez, especialmente respecto a los pagos relacionados con el software que se desarrolló bajo dicha cátedra, según informaron fuentes presentes en aquella declaración a Europa Press.

En otro movimiento relevante, Indra ha comunicado al juez que su participación financiera en el software del máster en Transformación Social Competitiva de la UCM ascendió a 128.442 euros, lo que pone de relieve la magnitud de las inversiones involucradas en este escándalo. La jornada de interrogatorios se lleva a cabo tras una sesión previa en diciembre donde Begoña Gómez fue también interrogada sobre posibles delitos de apropiación indebida y intrusismo relacionados con su actividad profesional.

A pesar de las acusaciones, Gómez se ha defendido con firmeza, asegurando que nunca se adueñó de las marcas relacionadas con TSC Transformación Social Competitiva ni del software de la cátedra, argumentando que todas las iniciativas habían sido respaldadas financieramente por empresas, con el objetivo de demostrar que actuó sin ánimo de lucro.

El contexto de la investigación se complica a partir de una querella presentada por Hazte Oír, que amplió la pesquisa en octubre para examinar las acusaciones de apropiación indebida y la presunta participación de Gómez en la redacción de pliegos técnicos para la contratación del software. En respuesta a la citación judicial, el abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, defendió que su cliente actuó en concordancia con las indicaciones de la propia UCM al firmar los documentos pertinentes.

La defensa de Gómez ha presentado correos electrónicos que, según sus argumentos, demostrarían que fue orientada por miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense sobre cómo registrar el dominio de Internet implicado en el caso, alegando que tal registro se llevó a cabo siguiendo las directrices que le fueron dadas.

Por otro lado, el juez también tiene en su agenda citar a Elvira Sánchez Trompeta, quien ocupó el cargo de jefa del régimen administrativo y económico del Ayuntamiento de Madrid en el momento en que se adjudicó un contrato a la empresa de Juan Carlos Barrabés, otro de los personajes investigados en este entramado. Este interrogatorio se centra en indagar la naturaleza de los vínculos entre Gómez y Barrabés, explorando una serie de actos que han generado inquietud dentro de la esfera pública y política.

La querella inicial de Manos Limpias subrayó que Begoña Gómez podría haber utilizado su posición como esposa del presidente del Gobierno para influir en la adjudicación de contratos públicos, especialmente recomendando a Barrabés. En su última comparecencia, Gómez intentó desmarcarse de cualquier vínculo directo con los contratos adjudicados a dicho empresario, un intento que busca, sin duda, proteger su reputación y la de su familia en medio de un mar de especulaciones e interrogantes.