La magistrada Carmen Gámiz, conocida por su labor en el ámbito de la violencia de género, ha alzado su voz en el marco de una huelga convocada por varias asociaciones judiciales. Iniciada el 2 de julio, esta protesta de tres días busca rechazar ciertas reformas del Gobierno que, según los convocantes, amenazan el Estado de Derecho y la independencia judicial.

Gámiz ha indicado que su participación en la huelga responde a la necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos, enfatizando que la medida no afectará los servicios mínimos establecidos para la protección de las víctimas. “Las urgencias, como las medidas de protección, están garantizadas, y nuestra lucha es por un sistema judicial más robusto”, declaró en una entrevista.

No obstante, la jueza reconoció que puede haber retrasos en otros asuntos judiciales que no se incluyan en los servicios mínimos, tales como procesos de divorcio y separación. “Los casos se gestionan en la medida de lo posible, pero muchos se reprogramarán”, explicó, reflejando una vez más la situación sobrecargada que enfrentan los juzgados.

La magistrada subrayó que el propósito de la huelga es doble: defender no solo los derechos de los profesionales del derecho, sino también los de los ciudadanos. Gámiz insistió en que aunque el clima no es el ideal, la lucha es crucial para mantener la separación de poderes y una justicia efectiva y profesional.

A pesar de que algunos juicios se han visto obligados a retrasarse, la jueza destacó la importante solidaridad de la ciudadanía y de los abogados, quienes han mostrado su apoyo durante estas jornadas de protesta. "La gente ha comprendido la situación y ha reaccionado con paciencia", afirmó Gámiz, señalando que la mayoría de los jueces de su área se han unido a la causa.

En relación con sus colegas fiscales, Gámiz apuntó que han enfrentado complicaciones diferentes, derivadas de las instrucciones de la Fiscalía General del Estado para que asistieran a las citas judiciales ya fijadas. Esta situación ha dificultado su capacidad para adherirse a la huelga de manera plena.

La juez Gámiz ha criticado la postura del Ministerio de Justicia, que ha sido reacia a negociar, sugiriendo que las recientes reformas propuestas permitirían la estabilización de jueces y fiscales sustitutos de manera más sencilla, sin pasar por el proceso de oposición. “Esto afectará negativamente a la carrera profesional de quienes recién ingresan en la judicatura y de los miles de opositores que se esfuerzan por alcanzar una plaza a través del mérito”, señaló.

La magistrada reiteró que, aunque no se opone a los jueces sustitutos en sí mismos, considera vital que sean parte del sistema mediante el recorrido habitual de oposición. “Si estos profesionales están tan bien preparados, unirse a la carrera judicial por las vías tradicionales sería lo lógico”, concluyó.

Las organizaciones que respaldan la huelga han reportado un seguimiento masivo, estimando que hasta el mediodía del primer día participó alrededor del 75% de los jueces. Por otro lado, el Ministerio de Justicia aseguró que la jornada transcurrió con “normalidad casi absoluta” en los juzgados, sin que se hayan presentado cifras oficiales que justifiquen la reducción salarial por días de huelga. La situación parece tensa, con un claro enfrentamiento entre el gobierno y la comunidad judicial en torno a la reforma y su impacto en el sistema de justicia.