En el contexto actual, el Tribunal Supremo español se enfrenta a una creciente presión judicial, ya que se encuentra investigando al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por compartir en su canal de Telegram conversaciones interceptadas entre un periodista y Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, en el marco de la polémica 'Operación Kitchen'.

La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, en una reciente decisión, ha decidido remitir este caso al máximo tribunal del país, dado que Pérez cuenta con la condición de aforado, lo que le otorga un tratamiento especial ante la ley. Curiosamente, esta no es la única causa que pesa sobre él; el Supremo ya tiene en curso otras tres investigaciones penales relacionadas con su figura.

La denuncia que da origen a esta pesquisa proviene de un periodista que mantuvo intercambios con Martínez entre 2013 y 2016. Según el auto judicial, este material se había conservado dentro de una plataforma digital en el contexto de la 'Operación Kitchen'. Sin embargo, según la jueza, el 10 de julio de 2023, Pérez supuestamente reveló en su canal de Telegram, sin autorización, los 23 chats que habían sido objeto de un proceso de "expurgo".

Durante su declaración, el ex 'número dos' del Ministerio del Interior enfatizó que la filtración incluía detalles íntimos y sensibles, que anteriormente se habían mantenido fuera del ojo público, incluso mencionando información relacionada con sus hijos menores.

Además, la jueza ha destacado que la cuenta destinada a recibir donaciones estaba a nombre de Pérez, lo que podría sugerir que las publicaciones en su canal de Telegram no solo tenían un carácter informativo, sino que además buscaban obtener beneficios económicos, incitando a la audiencia a contribuir a dicha cuenta.

Los indicios apuntan a que los actos de Pérez podrían constituir un delito de revelación de secretos, y la jueza ya sostiene que, al parecer, recae en él la responsabilidad sobre estos hechos.

Esta nueva causa se produce solo días después de que el Tribunal Supremo decidiera abrir una investigación adicional contra el eurodiputado por sus comentarios en Telegram dirigidos a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert, sugiriendo que sus acciones podrían haber representado un riesgo para su seguridad personal.

En abril, el mismo tribunal había decidido imputarle por supuesta financiación ilegal y por la circulación de una PCR falsa relacionada con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, lo que refleja un contexto de creciente escrutinio sobre su conducta pública y sus actividades políticas.