Junts ha hecho pública su reciente alianza con el Gobierno para promover una reforma legislativa que establecerá el catalán como lengua obligatoria en los servicios de atención al cliente, aplicándose a empresas con más de 250 empleados que generen más de 50 millones de euros anuales o que presten servicios básicos para la comunidad, independientemente de su ubicación en el territorio español.

Este anuncio se enmarca dentro de un proyecto de ley que busca regular los servicios de atención al cliente y que actualmente está en proceso de revisión en el Congreso. Aunque se había programado una reunión para discutir esta ley el día de hoy, dicha sesión ha sido cancelada, lo que significa que se deberá reagendar para comenzar a trabajar sobre las enmiendas propuestas por los distintos grupos parlamentarios.

De acuerdo con los representantes de Junts, este acuerdo garantiza que todos los servicios de interés general y las empresas que superan el umbral mencionado ofrecerán atención en catalán. Celebran que este pacto no solo respeta el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en su lengua materna, sino que también incorpora una medida que protege las competencias de la Generalitat en este ámbito.

Además, se ha estipulado que el personal que labora en atención al cliente de estas empresas debe recibir formación obligatoria en catalán. A partir de ahora, dejará de ser requisito responder en castellano como mínimo; en su lugar, se deberá responder en el idioma utilizado por el cliente al comunicarse.

Asimismo, todas las interacciones escritas entre las empresas y sus clientes deberán adecuarse al idioma solicitado por el interlocutor. Junts ha subrayado que estas transformaciones representan un avance significativo, priorizando el derecho del consumidor a ser atendido en catalán sin depender de la voluntad de las empresas o de su localización geográfica.

El partido independentista, encabezado por Carles Puigdemont, ha destacado que esta iniciativa impactará a una amplia gama de sectores, incluidas las compañías de electricidad, gas y agua, telefonía, aviación, ferrocarriles, transporte público, servicios postales, plataformas de streaming, instituciones financieras y compañías de seguros.