El pasado lunes, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España hizo un llamado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado para que, durante los días de huelga programados, le informen antes de las 14:00 horas sobre la ausencia de jueces y fiscales en su puesto de trabajo, con el fin de deducirles el salario correspondiente.

Fuentes del Ministerio han explicado a Europa Press que la intención detrás de esta solicitud es monitorear el seguimiento de la huelga y aplicar deducciones salariales a aquellos que decidan participar. Argumentan que esta medida es "necesaria" para garantizar el "uso adecuado de los fondos públicos", dado que este Ministerio es el responsable del pago a jueces, magistrados y fiscales.

Este anuncio se produce en el contexto de una huelga de tres días convocada por la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, exceptuando a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), en respuesta a las reformas del Gobierno que afectan el acceso a la carrera judicial y fiscal. Estas asociaciones argumentan que los cambios propuestos atentan contra la independencia judicial y, por extensión, contra el Estado de Derecho. Sin embargo, el ministro Félix Bolaños ha reafirmado su compromiso con las reformas, considerándolas "imprescindibles" para la modernización del sistema judicial.

Cabe destacar que el Ministerio ya había aplicado descuentos salariales a jueces y fiscales durante una huelga en 2018, pero esa decisión fue posteriormente impugnada. La Audiencia Nacional determinó que el Ministerio no tenía la autoridad para realizar tales deducciones, obligándolo a reintegrar los salarios descontados.

A pesar de reconocer el derecho a la protesta de las asociaciones judiciales y fiscales, el Gobierno ha enfatizado la "urgente necesidad" de llevar a cabo reformas en la carrera judicial y fiscal por primera vez en cuatro décadas. Este proceso de modernización incluye revisar las pruebas de acceso, que son consideradas obsoletas.

Entre las propuestas de reforma se contempla la protección de becas para opositores, la introducción de un examen escrito que evalúe no solo la memoria, sino también otras habilidades, y la garantía de que los exámenes escritos sean anónimos y los orales estén grabados. También se sugiere la creación de un registro público para los jueces que preparan a los opositores, así como establecer un proceso de estabilización para los jueces y fiscales sustitutos, lo que permitiría a España cumplir con las normativas de la Unión Europea y eludir posibles sanciones económicas.