En la jornada del 15 de julio, el exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, ha hecho una solicitud al juez de la Audiencia Nacional para que indague si miembros de la Guardia Civil han realizado búsquedas en bases de datos policiales que involucren a él, su hermano y su expareja, de manera "prospectiva".

Este requerimiento fue presentado en un documento enviado al Juzgado Central de Instrucción Número 2, al que ha tenido acceso Europa Press, y refleja la inquietud de García sobre el uso de datos personales que podrían estar siendo almacenados sin una causa justificada.

El exasesor argumenta que esta acción es necesaria para obtener pruebas relevantes en el contexto de la investigación actual, con el objetivo de determinar si ha existido de hecho una indagación de carácter prospectivo en su contra.

En su defensa, García destaca que, en otro procedimiento que tiene lugar en el Juzgado Central de Instrucción Número 5, se han detectado intercambios de mensajes por WhatsApp entre un oficial de la Unidad Central Operativa (UCO) y su confidente, donde se indaga sobre sus actividades y situación personal.

Por lo tanto, ha solicitado al juez encargado del 'caso Koldo' que emita una petición formal a la Dirección General de la Guardia Civil para que, a través de su Departamento de Asuntos Internos, se lleve a cabo un informe detallado de auditoría.

En dicho informe se debería incluir información sobre las fechas exactas en las que se consultaron las bases de datos policiales referidas, así como cualquier otra fuente de información relacionada con Koldo García, su hermano Joseba y Patricia Uriz.

Además, García demanda que se identifiquen a los agentes implicados en estas indagaciones y que se aporte un seguimiento de los accesos a información sensible, como registros mercantiles, datos catastrales y datos bancarios, a los que los funcionarios de la Guardia Civil podrían tener acceso en el cumplimiento de sus funciones.

No podemos olvidar que la investigación conocida como 'caso Koldo' se encuentra en una fase dividida entre el Tribunal Supremo, debido al aforamiento del exministro Ábalos, y la Audiencia Nacional, que ha abierto diligencias por irregularidades en la gestión de contratos para mascarillas durante la pandemia, con García posicionado como uno de los principales imputados.