MADRID, 19 de mayo. Una nueva vuelta en el caso que involucra a Nacho Cano ha surgido, pues la denunciante, Lesly Ochoa, ha solicitado oficialmente la reactivación del procedimiento judicial en su contra, alega que pueden haber ocurrido delitos de detención ilegal. Su equipo legal ha presentado grabaciones realizadas antes de que se iniciara la actual investigación, argumentando que estas evidencias son clave para sustentar sus afirmaciones.

El abogado de Ochoa, Alfredo Arrien, se ha dirigió a Europa Press para explicar que han pedido la anulación del fallo que hasta ahora había llevado a la Audiencia de Madrid a archivar provisionalmente el caso. La defensa busca que el tribunal reabra la causa y desarrolle un análisis más detallado sobre las evidencias presentadas.

Según Arrien, los vídeos aportados por la bailarina demuestran que se encontraba bajo lo que él describe como un estricto control establecido por Cano y su equipo, lo que reforzaría las denuncias de Ochoa sobre su situación.

El mes pasado, la Audiencia de Madrid decidió archivar el caso por considerar que no había pruebas suficientes de que los acusados intentaran introducir a ciudadanos mexicanos en España para realizar el musical de manera ilegal, una decisión que ha sido objeto de críticas por parte de la denunciante y su abogado.

Los jueces tomaron esta decisión después de considerar un recurso interpuesto por cuatro de los imputados, quienes habían cuestionado un auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 19 de la capital española.

En declaraciones previas, Cano, conocido productor musical, se defendió en los juzgados al desvincularse de las acusaciones, y se dirigió directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien tildó de "corrupto". Cano declaró: "Vas a por mí, pero no caeré, no lo merezco".

La valoración realizada por la Sala se basó en la aparente falta de pruebas concluyentes que apoyaran los cargos por violaciones de derechos laborales y extranjeros, indicando que las cuestiones administrativas involucradas deberían ser tratadas en un marco distinto.

Los magistrados argumentaron que no había indicios sólidos de que los investigados hubieran intentado introducir a los ciudadanos mexicanos de manera clandestina; en cambio, se presentaba un procedimiento norma por el cual podían ingresar como turistas y posteriormente solicitar un visado de estudios, algo que se encuentra permitido bajo la normativa de la Unión Europea.

Asimismo, se determinó que no había intención de falsear su ingreso a España con el fin de permanecer de forma ilegal, ya que su objetivo era obtener el permiso pertinente, aunque este finalmente fue rechazado.

Los jueces concluyeron que, aunque el procedimiento pudiera no ser el más adecuado, esto no alcanzaba el nivel de gravedad necesario para encuadrarlo dentro de los delitos tipificados en el artículo 318 bis, que se refiere al tráfico ilegal de personas.