El Tribunal Supremo ha decidido mantener la orden de arresto del exmandatario de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la inhabilitación del exvicepresidente Oriol Junqueras, mientras se aguardan las resoluciones sobre los recursos de amparo que han presentado.

MADRID, 26 de junio. La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de respaldar la ley de amnistía implica que el Tribunal Supremo (TS) deberá examinar los antecedentes penales de aquellos condenados en relación con el 'procés'. Sin embargo, la situación de Puigdemont y Junqueras permanecerá inalterada, al menos por el momento.

Expertos legales apuntan que la sentencia del TC no afecta a los casos de estos líderes independentistas, dado que los jueces concluyeron que la amnistía no es aplicable al delito de malversación que pesa sobre ellos. Esta conclusión no implica una valoración sobre la constitucionalidad de la ley, sino que se basa en la interpretación legal de la misma.

Las fuentes legales detallan que el Supremo deberá enfocarse en revisar los antecedentes penales de otros líderes independentistas condenados en 2019, como Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por sedición, así como de aquellos sentenciados por desobediencia, como Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila.

Además, los tribunales que ya han emitido sentencias por delitos cubiertos por la ley de amnistía deberán proceder a una revisión similar. Según informes del colectivo Alerta Solidària, al menos 367 personas han visto ya borrados sus antecedentes penales gracias a la aplicación de esta normativa.

La sentencia del TC también traerá consigo la reactivación de los procedimientos judiciales que se encontraban paralizados debido a incertidumbres sobre su constitucionalidad. Sin embargo, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aún esperan aclaraciones específicas del TC, las cuales no se abordarán antes de finalizar el verano.

En relación con Puigdemont y Junqueras, el Tribunal Supremo ha dejado clara su postura, afirmando que no había lugar a dudas en cuanto a su situación. Ellos perciben que, a la luz de su interpretación del delito de malversación, no corresponde aplicar la amnistía, dado que la conducta del 'procés' implicó un beneficio personal y un menoscabo a los intereses económicos de la Unión Europea.

El TS ha resaltado en varias resoluciones que estos líderes no financiaron directamente el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017; más bien, utilizaron fondos públicos con fines partidistas, lo que también habría afectado negativamente a las finanzas comunitarias.

La sentencia del TC no se pronuncia sobre la malversación, ya que el Partido Popular no lo había solicitado de forma específica. Así, es probable que se deba esperar a los recursos de amparo de los propios líderes independentistas para que el TC se pronuncie al respecto, algo que se anticipa no ocurrirá hasta finales de año.

Por lo tanto, a pesar del respaldo del TC a la amnistía, las fuentes legales auguran que el Supremo mantendrá las órdenes de arresto contra Puigdemont y otros exconsejeros catalanes, así como las inhabilitaciones de Junqueras y los demás condenados, que se extienden hasta 2031.

A pesar de este panorama, se espera que los líderes independentistas continúen su lucha en el Supremo por hacer valer un veredicto favorable del TC. El Tribunal ya ha mostrado disposición en sus resoluciones para elevar una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuando sea oportuno.