La AN evaluará la denuncia de una abogada por discriminación y falta de pago contra el Ministerio de Igualdad.

En un giro significativo para la lucha por los derechos de las mujeres, Adilia de las Mercedes, jurista con raíces hispano-guatemaltecas, ha decidido llevar ante la justicia al Ministerio de Igualdad. La razón de su demanda radica en presuntas prácticas discriminatorias e incumplimientos de pago, aquellas que adolecen la gestión del ministerio durante la dirección de Irene Montero.

Esta controversia, reportada inicialmente por 'El País', ha sido admitida por la Audiencia Nacional, donde se tramitará como un incidente contencioso-administrativo. Hasta el momento, se está a la espera de la respuesta del Ministerio ante las acusaciones presentadas, tal como han declarado fuentes cercanas a Europa Press.

La profesional fue reclutada a finales de 2021 con la tarea de elaborar un borrador técnico para una reforma en la ley española que regula la salud sexual y reproductiva. Según relata, su trabajo se expandió desde un diseño inicial hasta la redacción completa de un anteproyecto de ley, pero, lamentablemente, nunca se formalizó una relación contractual o un acuerdo sobre su remuneración.

La jurista argumenta que su contratación se dio en un contexto político apremiante que exigía la presentación rápida del marco legislativo. Aunque aceptó recibir una compensación limitada inicialmente, se le prometió que la situación sería regularizada después de que se aprobara el presupuesto anual, una promesa que, hasta ahora, no se ha cumplido.

A pesar de haber entregado su trabajo en enero de 2022, Adilia enfatiza que no recibió el pago correspondiente ni reconocimiento formal por su contribución, a pesar de haber hecho múltiples solicitudes a las autoridades. En su demanda, se subraya no solo el impago, sino también una serie de acusaciones de discriminación basadas en su origen y opinión política.

Adilia también ha expresado que fue marginada del proceso de creación de la ley, lo que incluyó esfuerzos por borrar su participación en la redacción, limitando su capacidad para hacer pública su autoría. En declaraciones a Europa Press, ha señalado que, tras ser contactada por su experiencia en derechos sexuales y reproductivos, el Ministerio finalmente se apropió de su labor, en un acto que compara con prácticas colonialistas. “El Ministerio de Igualdad buscó a alguien que conociera los estándares más altos en derechos, solo para después reclamar ese conocimiento como propio”, afirmó.

La jurista ha declarado que ha tenido que llegar a los tribunales porque el Ministerio no mostró interés en investigar las supuestas discriminaciones de las que ha sido víctima. Esta situación ha desencadenado críticas hacia Montero, a quien acusa de atribuirse la autoría de la ley en discursos públicos, mientras que su propia contribución ha sido ignorada.

Por su parte, el equipo del antiguo Ministerio de Igualdad ha rechazado las acusaciones en la demanda, calificándolas como infundadas, en especial las relacionadas con racismo o xenofobia. Afirman estar al tanto del procedimiento judicial y que, en última instancia, será el propio ministerio, junto con el Instituto de las Mujeres, quienes respondan oficialmente a la situación.

Las mismas fuentes sostienen que la contratación de Adilia se realizó de acuerdo con la legalidad vigente, afirmando que se cumplió con todos los procedimientos establecidos y que la situación fue validada por el dictamen del Consejo de Estado en 2024, que desestimó las pretensiones de nulidad de la demandante.

Asimismo, afirman que la ley fue desarrollada a través de un proceso extenso y participativo, que involucró a numerosas expertas y organizaciones feministas en diversas reuniones, talleres y consultas públicas, logrando la inclusión de una amplia diversidad de voces en el proceso.

Por otro lado, el actual Ministerio de Igualdad, encabezado por Ana Redondo, ha mostrado su disposición a colaborar con la Justicia, entregando todo el expediente relacionado con el caso y reiterando que el dictamen del Consejo de Estado no respalda las alegaciones de Adilia. No obstante, han enfatizado que los hechos que dan origen a la demanda corresponden a la gestión de la anterior administración del Ministerio.