En un desarrollo significativo en la investigación que involucra a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Audiencia Provincial ha aprobado la continuidad de una pesquisa separada impulsada por la jueza Inmaculada Iglesias. Esta investigación busca determinar si Albert González Amador ha cometido delitos adicionales a aquellos ya en análisis, específicamente en procesos relacionados con el presunto fraude fiscal.

El dictamen emitido este lunes, al que tuvo acceso Europa Press, resalta que los magistrados han rechazado el recurso de apelación presentado por los defensores de González Amador. Este recurso cuestionaba la decisión del Juzgado número 19 de Madrid de abrir la mencionada pieza separada, que agrega una nueva dimensión a un caso que ya plantea serias dudas sobre la legalidad de ciertas operaciones financieras.

González Amador se presentó ante la jueza el pasado lunes, aunque decidido a no declarar, amparándose en su derecho a guardar silencio. Esta decisión fue tomada tras el asesoramiento de sus abogados, quienes aconsejaron no avanzar en su testimonio hasta que se resolviera el recurso en cuestión, relacionado con los delitos fiscales en investigación.

A tan solo una semana de este acontecimiento, los magistrados han indicado que, en el contexto actual, es adecuado proceder con la indagación para esclarecer si los hechos registrados en la nueva pieza podrían vincularse a posibles infracciones penales.

La sala destacó que las actividades económicas y legales investigadas podrían o no tener las implicaciones previamente indicadas, pero subrayaron la importancia de alcanzar una conclusión definitiva tras llevar a cabo la investigación correspondiente.

La jueza Inmaculada Iglesias había decidido en octubre abrir esta indagación paralela en respuesta a la supuesta utilización de una sociedad instrumental para ocultar ingresos pertenecientes al Grupo Quirón, ingresos que debieron ser oficialmente declarados.

Esta medida vino tras la valoración parcial de un recurso de reforma presentado por el PSOE y Más Madrid, en el que se cuestionaba la negativa de la jueza a llevar a cabo ciertas diligencias solicitadas por la acusación popular al respecto.

La nueva pieza de la investigación se centra en posibles delitos relacionados con la utilización de la sociedad Masterman S.L., implicada en un contrato de servicios entre la empresa de González Amador, Maxwell Cremona S.L., y su cliente Quirón Prevención S.L.

Este procedimiento examina si los hechos que rodean la interacción con la sociedad instrumental podrían constituir delitos que justifiquen una investigación más profunda.

Desde la acusación popular se sostiene que detrás de esta situación de simulación jurídica podría existir administración desleal o incluso actos de corrupción, viniendo este extremo respaldado por el pago de cerca de 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L., que pertenecían a la esposa del presidente de Quirón Prevención.

Además, consideran que esta operación podría representar una contraprestación por los contratos obtenidos por Maxwell y posteriormente asignados a Masterman, o incluso por la mediación de Maxwell en la adquisición de productos sanitarios de diversas empresas, lo que resultó en facturaciones millonarias entre 2020 y el presente.