En un giro significativo de los acontecimientos, la administración del expresidente Donald Trump ha requerido este sábado al Tribunal Supremo de Estados Unidos que reconsidere su reciente fallo que impide la deportación de venezolanos bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros. Esta ley ha sido utilizada por la Casa Blanca para encarcelar a migrantes irregulares en El Salvador, a quienes se les acusa de pertenencias a organizaciones terroristas.

El fiscal general, John Sauer, ha presentado una argumentación de 15 páginas, destacada por Bloomberg, donde critica a los defensores de los detenidos por solicitar que el asunto sea directamente resuelto en el Supremo, sin haber pasado previamente por cortes inferiores para que estas evaluaran las alegaciones.

Sauer, quien representa al gobierno ante la Corte Suprema, ha aseverado que los tribunales de niveles inferiores no han observado hechos cruciales en este caso y que la investigación sobre la notificación del gobierno a los implicados ha sido inadecuada en su fase actual.

En su solicitud, el fiscal ha instado al Tribunal Supremo a clarificar si, en caso de mantener su decisión, este fallo afecta la capacidad del gobierno para utilizar otros mecanismos legales existentes para llevar a cabo deportaciones.

Esta solicitud se produce tras la orden del Supremo que exigía al entonces presidente Trump suspender "hasta nuevo aviso" las deportaciones ejecutadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

Este fallo afecta especialmente a los detenidos en el centro de detención de Bluebonnet, ubicado en el norte de Texas, a quienes se les vincula con la organización criminal Tren de Aragua.

La decisión de la Corte fue publicada en la mañana del sábado, tras una apelación de emergencia presentada por los abogados de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), quienes denunciaron que estaban preparándose para una nueva oleada de expulsiones de venezolanos, lo que implicaba que estaban siendo "subidos a autobuses, probablemente con destino al aeropuerto".

Al calificar al Tren de Aragua como una entidad terrorista, la administración Trump sostiene que se encuentra legitimada para aplicar esta polémica ley, que fue redactada en el siglo XVIII para su uso en tiempos de guerra.

Históricamente, esta ley ha sido invocada en solo tres ocasiones en Estados Unidos, siendo su uso más reciente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se internó a civiles estadounidenses de origen japonés en campos de concentración.

A pesar de su contexto histórico, la administración Trump ha aplicado esta legislación para procedimentar deportaciones "in situ" de migrantes, identificándolos como miembros de esta organización criminal sin tener en cuenta su estatus migratorio ni seguir los protocolos establecidos.