Madrid, 29 de mayo. La Confederación General del Trabajo (CGT) ha dado a conocer su intención de desafiar ante el Tribunal Supremo el reciente Real Decreto que modifica los coeficientes para anticipar la jubilación en trabajos considerados penosos, peligrosos, tóxicos o insalubres, tachándolo de ser "uno de los mayores retrocesos en la protección de derechos laborales en años recientes".

Desde la CGT, que representa una tradición anarcosindicalista, se sostiene que la legislación aprobada por el gobierno el martes y difundida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no solo no mejora la ya pobre regulación anterior, sino que, de hecho, la agrava.

Este colectivo denuncia que el nuevo decreto obliga a presentar solicitudes de manera conjunta por parte de organizaciones empresariales y sindicales para activar los coeficientes reductores, lo que condiciona la capacidad de las organizaciones laborales para defender los derechos de los trabajadores a la aprobación de los empresarios.

Según la CGT, este requisito infringe el derecho fundamental a la libertad sindical y choca con una resolución del Tribunal Supremo que dictó que someter la acción sindical a la apreciación de las empresas "vulnera la autonomía sindical", afectando de manera grave a una cuestión tan crítica como la salud laboral.

Además, la CGT fundamentará su impugnación argumentando que el decreto restringe la capacidad de solicitar y participar en el procedimiento únicamente a los sindicatos más representativos a nivel estatal y autonómico, excluyendo a aquellos que tienen una fuerza significativa en sectores específicos.

En su declaración, la CGT subraya que esta limitación también es contraria a decisiones previas del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, las cuales declararon ilegal la expresión "más representativos", enfatizando que todos los sindicatos tienen el deber de promover los intereses de los trabajadores sin distinción.

Por otro lado, la organización critica una exigencia del decreto que obliga a los solicitantes a facilitar la identificación fiscal de los trabajadores que podrían verse afectados por el riesgo laboral. Esta condición, que amenaza con archivar las solicitudes si no se cumple en un plazo de 20 días, hace que el proceso resulte "completamente inviable".

La CGT considera además "engañoso" que se establezca un período de seis meses para resolver las solicitudes, ya que simultáneamente se impone un silencio administrativo negativo, lo que implica que si no se da respuesta en ese plazo, la solicitud se considera rechazada automáticamente.

La crítica se extiende a la creación de un grupo de trabajo "restringido" destinado a estudiar la relación entre género y los niveles de penosidad en la aplicación de los coeficientes, conformado exclusivamente por UGT, CCOO, la patronal, el Ministerio de Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, excluyendo a otros sindicatos presentes en el sector o a nivel autonómico.

De forma similar, la Comisión de Evaluación prevista en la normativa solo incluirá representantes del Ministerio de Seguridad Social, la patronal y los sindicatos mayoritarios, lo que deja fuera a otras organizaciones sindicales que representan a trabajadores en diferentes sectores o regiones.

Ante esta situación, la CGT advierte que las nuevas regulaciones amenazan con deshacer los derechos laborales que ha defendido en los tribunales en los últimos años, al mismo tiempo que legitiman las barreras y la inacción previas de la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo ante la crisis de sectores de alto riesgo como el amianto. De hecho, la CGT ha tenido que presentar múltiples recursos legales debido a la inactividad administrativa en estos casos, destacando la urgencia de defender los derechos de los trabajadores en estas circunstancias críticas.