La Confederación General del Trabajo (CGT) ha dado un importante paso al presentar una denuncia que denuncia abiertamente la "discriminación y coacción" sufrida por los funcionarios del Grupo B en la Administración Pública. Esta acción legal se deriva de la controversia surgida por una resolución emitida por la Secretaría de Estado de Función Pública el pasado 9 de julio de 2024.

Según la CGT, la mencionada resolución tiene un impacto negativo notable en las oportunidades de promoción interna, ya que excluye a los funcionarios del Grupo B, quienes obtuvieron su reclasificación a través de una sentencia judicial. Este grupo ha sido privado del derecho a acceder a las promociones internas hacia el Subgrupo A2, un acceso que, según la normativa actual, está restringido únicamente a los funcionarios del Subgrupo C1.

La organización sindical destaca que esta exclusión atenta contra los principios fundamentales de igualdad, mérito y capacidad, principios que están consagrados en la Constitución Española, específicamente en los artículos 14 y 23.2. Además, argumentan que la medida vulnera derechos fundamentales establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que garantizan la promoción interna y el desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos.

La CGT afirma que esta decisión no es solo un reflejo de una política discriminatoria, sino que constituyen una táctica de coacción que intenta castigar a aquellos que se atreven a reclamar su derecho a ser reclasificados. Según sus declaraciones, esta situación envía un mensaje amenazante a todos los trabajadores: alzar la voz para defender los derechos laborales puede resultar en la exclusión de futuras oportunidades de promoción y concursos de traslados.

Desde la perspectiva de la CGT, lo que está en juego es mucho más que una simple promoción; consideran que estamos ante un "ataque directo" a los derechos de los funcionarios del Grupo B, un ataque que establece un precedente peligroso y perpetúa las desigualdades dentro del sistema de administración pública. Utilizar el marco normativo como una herramienta de castigo es una conducta que ponen en entredicho y que somete a los trabajadores a condiciones de desventaja.

La organización ha emitido un comunicado en el que condena esta actitud de la Administración, acusando que está enviando un mensaje inequívoco: aquellos que buscan justicia en sus derechos deben estar preparados para enfrentar consecuencias negativas. La resolución que impugnan judicialmente se considera por la CGT una forma de "discriminación inaceptable", dado que el colectivo del Grupo B cumple con todos los requisitos establecidos para poder acceder a la promoción interna.

Asimismo, la CGT sostiene que esta exclusión no únicamente socava los principios de un trato igualitario y un avance profesional planificado que promueve el EBEP, sino que daña de manera significativa la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones públicas. Esta situación evidencia una grieta que podría poner en peligro la integridad y la equidad del servicio público.

Como parte de su firme defensa de los derechos laborales, la CGT no ha dudado en exigir la anulación de la resolución impugnada, así como la garantía de que los funcionarios del Grupo B puedan participar en procesos de promoción interna y concursos de traslado en condiciones de igualdad. La lucha por la justicia y la equidad en el ámbito laboral continúa.