El pasado 16 de octubre, la directora general de Operación de Red Eléctrica de España (REE), Concha Sánchez, se presentó ante la Comisión del Senado para abordar el apagón eléctrico que tuvo lugar el 28 de abril. En su intervención, defendió con firmeza que “todas las acciones y la programación” realizadas por el operador de sistema fueron “dentro de los criterios de seguridad establecidos”, y rechazó cualquier insinuación de haber recibido instrucciones políticas que hubieran influido en la operación del sistema eléctrico.

Desde que asumió el cargo en 2022, Sánchez ha refutado la idea de que la REE sea la única responsable del incidente, indicando que no hubo “negligencia operativa” y que la planificación del día del apagón se había preparado con antelación y cumplía rigurosamente con la normativa de seguridad vigente.

La directora de REE explicó que el episodio del apagón se debió a una serie concatenada de eventos, incluyendo oscilaciones de tensión que llevaron a desconexiones automáticas de algunas instalaciones, subrayando que se activaron adecuadamente para proteger el sistema y que no se trató de un problema de falta de previsión por parte del operador.

Aunque el día del apagón se encontraba de vacaciones, Sánchez aclaró que su equipo estaba al mando de la situación y que estaba constantemente en contacto con ellos, para asegurar que todo estaba bajo control durante el evento inesperado.

Además, hizo hincapié en que el 28 de abril no fue un día de máxima integración de fuentes renovables en la red española, refiriéndose a cómo esa integración ha sido gestionada de manera segura a lo largo del tiempo. También reveló que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya había recibido propuestas para revisar los procedimientos operativos incluso antes del incidente.

A pesar de los eventos que llevaron al apagón, Sánchez manifestó que no había un riesgo de cortes de electricidad generalizados, aunque se trasladaron al regulador algunas “variaciones de tensión” que diferían de situaciones previas. Esto llevó a la CNMC a iniciar una revisión de procedimientos para implementar medidas urgentes enfocadas en estabilizar el sistema eléctrico español.

Por otro lado, Miguel Duvison, exdirector de Operación de REE, ratificó la posición de Sánchez al afirmar que, durante sus años al servicio del operador, nunca recibió ninguna instrucción política que pudiera comprometer la operativa técnica. Subrayó la importancia de la independencia legal del operador del sistema, que debe actuar solo bajo criterios técnicos para garantizar un suministro seguro.

Duvison también defendió a su antiguo equipo, asegurando que son profesionales altamente capacitados y que actuaron adecuadamente en todas las circunstancias. Resaltó que operan con un enfoque de seguridad riguroso, que busca prevenir incidentes antes de que se conviertan en problemas serios.

En lo referente al procedimiento operativo 7.4, enfatizó que es crucial adaptarlo para un mejor control de las tensiones en un contexto de alta integración renovable, recordando que ya había sugerido modificaciones desde hace más de tres años, a pesar de que la situación no era crítica en su momento. Reiteró que las sobretensiones fueron las causantes del apagón, que llevaron a desconexiones significativas por pérdida de sincronismo.

Sobre la posibilidad de un nuevo apagón, Duvison opinó que las probabilidades son bastante reducidas, aunque reconoció que asegurar la perfección en la seguridad del sistema tendría costos desproporcionados. Finalmente, abordó el papel de las centrales nucleares, afirmando que son fundamentales para la seguridad del suministro y sugiriendo que deberían aumentar su flexibilidad en la generación de energía.