SEVILLA, 2 de abril.

En un giro significativo en el caso de los ERE fraudulentos, los fiscales anticorrupción de Sevilla han presentado un documento ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Este escrito se deriva de la reciente resolución del Tribunal Constitucional (TC), que anula las condenas de varios implicados en el escándalo de financiación irregular. Los fiscales sostienen que el TC no ha adoptado una interpretación alternativa de los delitos de prevaricación y malversación, lo que, en su opinión, desaconseja cualquier intento de presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En su comunicación, firmada este martes, los fiscales responden a una providencia emitida el pasado 18 de marzo por la misma Audiencia. Este escrito había concedido a las partes un plazo de diez días para evaluar si el TC había "extralimitado" sus interpretaciones sobre prevaricación y malversación, además de analizar si dicha doctrina violaba los estándares internacionales en la lucha contra la corrupción, y ofrecer la opción de presentar una consulta al TJUE.

Los fiscales consideraron que el Tribunal Constitucional no ha hecho una interpretación alternativa en este contexto penal. Subrayan, además, que los hechos revisados no se ajustan a lo regulado en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, debido a que las acciones en cuestión no tuvieron repercusiones sobre los intereses financieros de la UE. Por esta razón, advierten que existen fundamentos jurídicos sólidos que hacen inapropiado llevar esta cuestión al TJUE.