SEVILLA, 3 de febrero. La Fiscalía de Andalucía ha decidido archivar las denuncias presentadas por irregularidades en la atención médica relacionada con el programa de detección de cáncer de mama. Este caso involucra a cinco altos funcionarios de la Consejería de Sanidad, entre los que se encuentran dos personas aforadas, quienes ocuparon sus cargos durante el periodo denunciado. La decisión se basa en la conclusión de que no hay pruebas suficientes que sustenten la existencia de un delito entre los funcionarios mencionados.

Las denuncias, las cuales fueron presentadas en octubre por la Asociación del Paciente, se complementaron con los relatos de dieciséis mujeres que compartieron sus experiencias individuales, así como apoyos de los partidos políticos Adelante Andalucía e Izquierda Unida – Convocatoria por Andalucía. Entre los denunciados, además de los dos altos cargos aforados, se incluyen tres personas que no gozan de esta protección legal: una exconsejera de Salud, una exviceconsejera de Salud y Consumo y una gerente del Servicio Andaluz de Salud.

Las pesquisas realizadas por la Fiscalía previas al archivo del caso se centraron en evaluar los errores que se habrían producido en los protocolos de atención y cribado en cuanto al cáncer de mama. Se identificaron varias deficiencias, tales como la falta de seguimiento de casos catalogados como no conclusivos, la ausencia de comunicaciones sobre las pruebas realizadas y problemas para identificar a las víctimas debido a la falta de datos de contacto en las bases sanitarias.

Debido al hallazgo de estas irregularidades, la Fiscalía ha decidido remitir el asunto a las fiscalías provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería. Esto permitirá que se realicen las investigaciones necesarias para profundizar en los casos específicos denunciados por las mujeres y asegurar que las pruebas se lleven a cabo de forma que minimicen el impacto sobre las víctimas, preferiblemente en sus ámbitos locales.

La Fiscalía advierte que las denuncias no presentan un patrón común que permita vincular a los distintos denunciados bajo una responsabilidad colectiva, lo que implica que cada caso deberá ser analizado de manera individual. Este enfoque es clave para garantizar que cada situación y sus particularidades sean consideradas adecuadamente.

El decreto señala también que algunas de las denuncias son demasiado generales y carecen de la precisión necesaria, lo que podría llevar a invasiones de la intimidad y la exposición de datos sensibles. Esto es especialmente relevante para aquellas mujeres que han optado por no llevar sus casos ante la Fiscalía, prefiriendo limitar el análisis a cuestionamientos sobre la gestión patrimonial de la administración en el ámbito de la salud.