El 9 de febrero en Madrid, ha surgido una nueva controversia en el ámbito político venezolano, tras la reciente detención del opositor Juan Pablo Guanipa. La Fiscalía del país sudamericano ha declarado que la razón detrás de esta medida es el supuesto incumplimiento de las condiciones establecidas durante su excarcelación, lo que ha llevado a solicitar un cambio en su situación a arresto domiciliario.

La familia de Guanipa ha denunciado que, apenas pocas horas después de haber recuperado su libertad, fue "secuestrado" nuevamente. No obstante, la Fiscalía sostiene que, basándose en sus fundamentos constitucionales, ha pedido a las autoridades que reconsideren la decisión de liberación argumentando el incumplimiento de las condiciones requeridas para su salida de prisión.

Un comunicado del Ministerio Público señala que las medidas cautelares impuestas por los tribunales están sujetas a un estricto cumplimiento. En caso de que se violen, el órgano judicial tiene autoridad para revocar o modificar dichas disposiciones, tal como se explica en su mensaje.

En este contexto, la Fiscalía ha propuesto que Guanipa regrese a un régimen de detención domiciliaria. Es importante resaltar que este político, exgobernador de Zulia y figura clave en el partido Primero Justicia, había sido uno de los últimos líderes de alto perfil aún recluidos en prisión.

Su liberación, que duró solamente doce horas, tuvo lugar justo antes de la sanción de una ley de amnistía que el Gobierno planea imponer, la cual podría facilitar la liberación de otros prisioneros políticos en el país.

Juan Pablo Guanipa, quien fue detenido el 23 de mayo de 2025, justo antes de las elecciones regionales y parlamentarias, se enfrenta a acusaciones graves que incluyen terrorismo y traición a la patria. Después de haber pasado diez meses en la clandestinidad tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, también había sido candidato en las primarias de la oposición de 2023, aunque su proyecto no logró avanzar.