La defensa de Alberto González Amador ha presentado un argumento que sostiene que existe un plan orquestado por el Gobierno para desprestigiarlo. Este caso ha cobrado relevancia durante la audiencia llevada a cabo en el Tribunal Supremo de España, donde se abordó la denuncia del joven contra María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno.

Durante esta sesión, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han defendido que las declaraciones realizadas por Montero, en las que menciona que González Amador reside en un inmueble adquirido mediante fraude fiscal, no constituyen una violación de su honor. Esta apreciación se hace en el contexto de que el demandante no es un particular común, dado su vínculo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En el centro de la controversia se encuentra la demanda que González Amador interpuso, reclamando una indemnización de 40,000 euros debido a los comentarios de Montero sobre las investigaciones penales pendientes en su contra. La ministra lo ha calificado como un "delincuente confeso", un término que ha provocado encendidos debates sobre la libertad de expresión y el respeto al derecho al honor.

La Fiscalía ha argumentado que, aunque los comentarios de Montero pueden ser considerados como una crítica fuerte, no cruzan la línea que infringiría el honor de González Amador. Además, han defendido que este tipo de afirmaciones se generan dentro de un contexto de interés público, especialmente dado el alto perfil de la noticia y la presencia de numerosos medios de comunicación durante la audiencia.

Asimismo, se ha enfatizado que, al ejercer el derecho a la libertad de expresión, no es necesario demostrar la veracidad de las afirmaciones realizadas, subrayando que se trata de opiniones. La Abogacía del Estado también ha puntualizado que Montero hizo sus declaraciones a raíz de información publicada en medios de comunicación, lo que añade un matiz de relevancia pública al asunto.

La defensora de González Amador, por su parte, sostiene que las afirmaciones de Montero son demasiado graves y exceden los límites de lo aceptable en el discurso político. Ella argumenta que la libertad de expresión no debe ser un escudo para desacreditar a alguien, y que, a pesar de la existencia de un proceso penal en su contra, no ha habido un veredicto que lo condene por fraude fiscal.

Además, ha enfatizado que su cliente no ha sido condenado ni ha aceptado responsabilidad en ningún delito, insistiendo en que la afirmación de que ha adquirido su hogar mediante fraude es completamente falsa. También ha añadido que el simple hecho de ser pareja de una figura pública no debería justificar que se le designe como "delincuente confeso".

Por último, la abogada ha rechazado el argumento del Gobierno sobre que Montero presentó su opinión en respuesta a noticias en los medios. Según ella, sus declaraciones fueron parte de una estrategia deliberada, y ha presentado evidencia de correos electrónicos que sugieren una coordinación en los ataques hacia su cliente como parte de un esfuerzo más amplio por desacreditarlo. A pesar de solicitar más información sobre estas 'estrategias', el tribunal consideró que estas solicitudes eran irrelevantes para el juicio actual.

El magistrado Ignacio Sancho, presidente de la sala, ha indicado que lo que realmente se está evaluando son las declaraciones de Montero, no si había una posible coordinación detrás de ellas. Este caso ahora se encuentra a la espera de una resolución final tras las exposiciones realizadas por ambas partes.