Un reciente informe del Tribunal de Cuentas ha revelado que las fundaciones asociadas a partidos políticos han gestionado un total de 12,87 millones de euros durante los años 2021 y 2022, la mayoría de los cuales provienen del propio financiamiento de las formaciones. La Fundación Concordia y Libertad del Partido Popular se destaca como la principal receptora de subvenciones, mientras que la Fundación Disenso de Vox, dirigida por Santiago Abascal, se destaca en el ámbito de las donaciones privadas, la mayoría también vinculadas a su partido. Por otro lado, la Fundación Pablo Iglesias del PSOE continúa enfrentando dificultades financieras, cerrando el periodo con deudas significativas.

El análisis contabilizó un total de 28 fundaciones y otras entidades relacionadas con partidos en el periodo de 2021, disminuyendo a 27 en 2022. De las subvenciones, se registraron 4,93 millones de euros en fondos públicos, desglosados entre 2,39 millones en 2021 y 2,53 millones el año siguiente, con la Fundación Concordia y Libertad captando cerca de dos millones mediante estas ayudas, mientras que la FAES de José María Aznar ha decidido operar de manera independiente y no figura en este informe.

Las subvenciones públicas provienen principalmente de los ministerios de Cultura y Asuntos Exteriores, que han sido instados a asegurarse de que todas las fundaciones que solicitaban estos fondos estén registradas correctamente en el Ministerio del Interior para garantizar la transparencia y la legalidad en el manejo de los recursos.

En términos de donaciones privadas, las fundaciones políticas han recibido 7,93 millones, teniendo la Fundación Disenso un papel protagónico al conseguir más de cinco millones, sobre todo a través de transferencias de Vox. La Fundación Sabino Arana del PNV también destaca, acumulando 1,42 millones en financiaciones de diferentes fuentes.

Sin embargo, el informe del Tribunal no es del todo positivo. Se identificaron siete fundaciones que, al cierre de 2022, enfrentan un patrimonio neto negativo. La Fundación Pablo Iglesias destaca entre ellas, con un déficit de 2,25 millones, a pesar de haber recibido 1,38 millones en aportes durante el periodo fiscalizado. También se señalaron la Fundación Eduardo Obregón del PRC y la Sociedad Fundación Elkartu de Eusko Alkartasuna, ambas con resultados financieros preocupantes.

A pesar de que las fundaciones y entidades han pasado un examen general por parte del Tribunal, hay áreas de incumplimiento, especialmente en el manejo de donaciones en cuentas bancarias no designadas para este fin específico. Ante esto, el Tribunal ha aconsejado establecer una cantidad mínima para que las contribuciones de personas jurídicas sean notificadas de forma obligatoria.

Adicionalmente, el informe revela que pocas entidades han presentado sus cuentas dentro del tiempo estipulado, y se han subrayado tres fundaciones que no cumplieron con la presentación de sus informes, lo que supone un incumplimiento serio de la legalidad vigente. Estas incluyen una entidad asociada a Izquierda Unida que ahora opera como Fundación de Estudios Críticos, así como el Instituto de Estudios Políticos y la fundación Horacio Fernández Inguanzo del Partido Comunista asturiano.

Se ha observado que varias fundaciones permanecen inactivas, e incluso algunas están en proceso de disolución. En este sentido, el Tribunal ha instado a los gestores de estas entidades a avanzar hacia su cierre definitivo en lugar de continuar existiendo únicamente como poseedores de bienes sin un propósito claro.

Finalmente, se destacó que solo un conjunto reducido de fundaciones está registrado adecuadamente en el Ministerio del Interior, a pesar de que esto es un requerimiento legal. El Tribunal ha exhortado al Gobierno a mejorar y actualizar este registro para asegurar el cumplimiento normativo. Aunque las fundaciones políticas deben presentar una auditoría de cuentas anuales, más de diez entidades han ignorado esta obligación, lo que refuerza la necesidad de establecer criterios más claros para garantizar la transparencia financiera en el ámbito político.