En un contexto de creciente descontento social, este jueves Francia se verá sacudida por una contundente huelga de funcionarios, que también incluye a los controladores aéreos, provocando una serie de cancelaciones y retrasos en los aeropuertos más importantes del país, entre ellos los de París, Marsella y Toulouse.

En París, la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC) ha tomado la decisión de solicitar una reducción significativa del 10% en la programación de vuelos en el aeropuerto de París-Charles de Gaulle durante la franja horaria que va de las 06.00 a las 12.00 de hoy. Además, se ha previsto un recorte mucho más drástico del 25% en las operaciones en el aeropuerto de París Orly a partir de las 18.00 horas.

La situación no es diferente en Marsella, donde las operaciones también se han visto afectadas, habiéndose reducido a la mitad desde las 18.00 horas. Por su parte, el aeropuerto de Toulouse enfrentará una disminución del 20% en el número total de vuelos a lo largo de toda la jornada, dejando a muchos pasajeros en la incertidumbre.

Frente a esta situación, la autoridad civil de aviación francesa ha hecho un llamado a los viajeros para que se mantengan informados sobre el estado de sus vuelos a través de sus respectivas aerolíneas y, en caso de ser posible, que consideren la opción de reprogramar sus viajes para evitar contratiempos.

En el ámbito europeo, la protesta ha tenido repercusiones más amplias, tal como ha indicado Enaire a través de sus redes sociales. La entidad ha informado que las manifestaciones en Francia generan regulaciones que impactan en la totalidad de la red aérea del continente, provocando demoras significativas que afectan a muchos pasajeros. En este sentido, Enaire ha comenzado a colaborar con Eurocontrol para coordinar medidas que minimicen estas afectaciones.

Este movimiento de protesta se origina en la reciente implementación de un polémico plan gubernamental destinado a combatir el “absentismo” en el sector público, que fue anunciado a finales de octubre. Este plan, que busca generar un ahorro de 1.200 millones de euros, ha tensado las relaciones entre los sindicatos y el ministro de la Función Pública, Guillaume Kasbarian, y ha llevado a una grave ruptura en el diálogo social.