El pasado 16 de septiembre, en Madrid, la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral para menores y personas con derechos equiparados, que han sido víctimas de abusos sexuales, ha presentado su informe anual. Este organismo, establecido por la Conferencia Episcopal Española (CEE) junto con la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), ha recibido en su primer año de actividad un total de 89 solicitudes de reparación. Hasta la fecha, se han resuelto 39 de ellas, con propuestas de indemnización que varían entre 3.000 y 100.000 euros, dependiendo de la gravedad del caso.

Desde que comenzó a aceptar solicitudes en febrero de 2025, la Comisión ha evaluado 89 casos, de los cuales 32 son incidentes relacionados con diócesis y 57 con congregaciones religiosas. Estas cifras reflejan la magnitud de la problemática, subrayando la necesidad de actuar de manera contundente y efectiva frente a estos abusos.

De las solicitudes procesadas, 39 han recibido una resolución, y las indemnizaciones se determinan considerando aspectos como la gravedad del abuso, sus consecuencias y las circunstancias específicas de cada caso. La Comisión ha resaltado que su enfoque incluye no solo las compensaciones económicas, sino también el compromiso de las instituciones para contribuir a una verdadera sanación de las víctimas.

Los casos restantes permanecen pendientes, en espera de informes esenciales que provienen de las instituciones eclesiásticas, junto con las declaraciones de las víctimas, que son fundamentales para avanzar en el proceso de reparación.

La Comisión ha indicado que la mayoría de los casos se resuelven en un plazo de tres meses, lo que representa un avance significativo en comparación con otros procesos más burocráticos que podrían prolongarse indefinidamente.

Durante este primer año, la Comisión Asesora también ha desarrollado un reglamento operativo, incluyendo criterios para las indemnizaciones y la metodología para la presentación de reclamaciones. Con este marco normativo busca asegurar que la reparación sea justa, independiente y no implique una re-victimización de quienes ya han sufrido tanto.

Su ámbito de actuación abarca casos de abusos sexuales perpetrados contra menores o personas con discapacidad intelectual, especialmente en situaciones donde los delitos están prescritos o el agresor ha fallecido o no puede ser juzgado. Esta dimensión temporal es crítica para ofrecer un alivio a las víctimas que, de otro modo, quedarían completamente desprotegidas.

La propuesta de reparación integral incluye compensación económica para gastos médicos y terapias, así como el compromiso de la institución de cubrir futuros costos relacionados con la atención de las víctimas. Adicionalmente, se contemplan recomendaciones para que las instituciones adopten políticas efectivas de prevención y afrontamiento de estas situaciones.

Las víctimas interesadas en acceder a esta reparación deben completar un formulario disponible en el sitio web www.paradarluz.com. La propuesta final de compensación se envía al obispo o superior religioso correspondiente, y si la reparación no se puede llevar a cabo, la responsabilidad recae subsidiariamente en la Conferencia Episcopal Española o la Conferencia Española de Religiosos.

Compuesta por diez miembros, la Comisión Asesora se integra por un representante de la CEE, uno de CONFER y ocho profesionales independientes que incluyen a expertos judiciales y terapeutas con experiencia. Su trabajo es completamente voluntario, destacando el compromiso de los miembros con la causa y la necesidad de garantizar justicia para quienes han sufrido abusos.