El 1 de julio marca el inicio de una huelga de tres días promovida por la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, excluyendo a Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales. A pesar de la convocatoria, las actividades judiciales en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han continuado sin mayores alteraciones, con diligencias, declaraciones y juicios que se han desarrollado según lo programado.

Según información recabada por Europa Press, los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional han mantenido su operativo habitual, aunque con ciertas excepciones. Este martes se llevaron a cabo declaraciones importantes en dos causas: una relacionada con las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos a Ambulancias Egara y otra sobre un comisario desplegado en India, quien enfrenta acusaciones de acoso sexual.

En la misma línea, la Audiencia Nacional ha celebrado los juicios programados para esta semana, incluidas las audiencias sobre las supuestas adjudicaciones irregulares a la empresa Cofely, vinculadas al hijastro de la alcaldesa de Marbella en una presunta red de narcotráfico, así como un caso de fraude en el sector de hidrocarburos.

Aunque algunos magistrados del ámbito Contencioso-Administrativo han decidido unirse a la huelga, el funcionamiento normal del ámbito penal permanece intacto, según las fuentes consultadas.

Esta huelga, que se extiende del 1 al 3 de julio, se opone a las reformas propuestas por el Gobierno en relación con el acceso a las carreras de juez y fiscal. Las asociaciones organizadoras consideran que estas medidas suponen un ataque a la independencia judicial y, por tanto, al Estado de Derecho. No obstante, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido estas reformas como «imprescindibles» para la modernización del sistema judicial, rechazando cualquier posibilidad de retroceso.

Las organizaciones implicadas, que incluyen la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), comenzaron sus acciones de protesta con un breve paro de 10 minutos el pasado 11 de junio, seguido de una concentración ante el Tribunal Supremo el sábado anterior.

El anuncio formal de huelga se realizó el 17 de junio, acompañada de la disposición de las asociaciones para desconvocarla si el gobierno accedía a retirar las reformas, una oferta que fue rechazada por el Ministerio de Justicia, tal como se había discutido en una reunión previa con el secretario de Estado, Manuel Olmedo, el 4 de junio.