La jueza de la dana invita a Mazón a testificar y solicita sus comunicaciones personales.

La magistrada ha convocado nuevamente a Salomé Pradas con el propósito de realizar una prueba caligráfica relacionada con un documento presentado por el Subdirector de Emergencias.

En València, el 24 de marzo, la jueza a cargo de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, que lleva la investigación sobre la trágica dana que dejó 230 fallecidos en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, ha decidido citar al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para que declare como testigo en el caso.

Esta decisión fue comunicada en un auto emitido el martes, donde la magistrada señala que el reciente fallo de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha excluido totalmente la "responsabilidad omisiva" de Mazón, pues no se le considera en una posición de garante, según lo anunciado por el TSJCV en un comunicado oficial.

La instructora también aclara que el TSJ no ha encontrado pruebas suficientes de delitos en el comportamiento de Mazón que pudieran apuntar a una implicación activa en cuestiones como el envío del sistema de alertas ES-Alert. Esto indica que no es posible prever en futuras investigaciones si emergen elementos que pudieran implicar a Mazón en responsabilidades penales, lo que, según el auto del TSJ, no debería impedir su declaración como testigo.

El auto estipula que la declaración de Mazón se llevará a cabo, y se le solicitará que aporte de manera voluntaria sus mensajes y llamadas telefónicas del fatídico 29 de octubre de 2024, una vez que la resolución del TSJCV sea firme.

En esta misma resolución, la jueza también ha acordado citar a testificar a la exportavoz del Consell, Ruth Merino, y ha requerido a varios alcaldes que faciliten los registros de sus comunicaciones del 29 de octubre con diferentes autoridades y miembros del Cecopi.

Además, en un segundo auto notificado hoy, la magistrada ha solicitado a una asociación que deposite una fianza de 6,000 euros para poder ejercer la acusación popular en el caso, además de la particular ya existente, representada por la Asociación Damnificados por la Dana Alfafar/Horta Sud.

Por último, en una providencia, la jueza ha decidido convocar nuevamente al Subdirector General de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, para que aclare aspectos de su declaración anterior, así como a Salomé Pradas, quien deberá realizar una prueba pericial caligráfica sobre un documento manuscrito que fue aportado por el mencionado subdirector general.