El Tribunal Superior de Bogotá ha tomado una decisión crucial al denegar la solicitud de la defensa del ex presidente colombiano Álvaro Uribe, quien se encuentra bajo arresto domiciliario tras ser condenado a doce años por soborno de testigos y fraude procesal. Esta decisión, anunciada hoy, mantiene la medida cautelar en su lugar, rechazando la petición de la defensa que buscaba la suspensión de la condena y la liberación inmediata del exmandatario.

El juez Leonel Rogeles, miembro de la Sala Penal, argumentó que la solicitud no cumplía con los criterios de urgencia y necesidad que se requieren para contemplar este tipo de medidas. Además, dejó claro que su decisión no puede ser apelada, lo que refuerza la situación de Uribe dentro del proceso judicial actual.

Rogeles respaldó la sentencia impuesta por la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, afirmando que no encontró ninguna irregularidad en el fallo que llevó a Uribe a su arresto domiciliario, así como a una inhabilitación de más de ocho años y una multa significativa que asciende a más de 3.444 millones de pesos, equivalentes a unos 720.700 euros.

La defensa de Uribe había solicitado su liberación inmediata mientras se resuelve el recurso en contra de la condena, argumentando que la decisión afecta sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia. Sin embargo, la corte dejó claro que estos argumentos no fueron suficientes para justificar la suspensión de la pena.

Uribe ha mantenido su inocencia, afirmando ser objeto de una estrategia de persecución política. La condena se basa en evidencia que sugiere que él instigó a otros a manipular testimonios en su favor, utilizando a exparamilitares para alterar sus declaraciones en un caso que involucra relaciones con el paramilitarismo en Colombia. Esta situación del exmandatario, quien nunca había logrado resolver la acusación en su contra de manera favorable, sigue generando controversia en la esfera política del país.

La saga judicial de Uribe se remonta a 2012, cuando él mismo denunció al senador Iván Cepeda, alegando que este había presentado pruebas falsas en su contra. Sin embargo, la evidencia presentada ha llevado a un cambio de roles, donde Cepeda, en lugar de ser el acusado, se ha visto convertido en víctima, mientras que Uribe enfrenta serias acusaciones que lo dejan en una posición comprometedora ante la justicia colombiana.