En un fallo que podría tener repercusiones significativas para la economía estadounidense, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal ha declarado que la mayoría de los aranceles globales implementados durante la administración de Donald Trump son ilegales. Esta decisión reafirma un dictamen anterior de otro tribunal que había fallado en contra de estas medidas en mayo. El tribunal argumenta que el expresidente sobrepasó sus poderes al imponer dichos gravámenes, aunque ha optado por mantenerlos vigentes hasta el 14 de octubre, permitiendo así al actual Gobierno la posibilidad de apelar.

Con una votación de siete a favor y cuatro en contra, los jueces concluyeron que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), en la que Trump fundamentó sus decisiones, no otorga al presidente la autoridad amplia suficiente para establecer aranceles de esta índole. Según el tribunal, la capacidad de regular importaciones no se traduce en la habilidad de imponer cargas fiscales unilaterales.

El tribunal fue claro al señalar que la delegación de poderes a la presidencia bajo la IEEPA no implica autorización para ejecutar políticas arancelarias mediante órdenes ejecutivas. A pesar de esta revocación de autoridad, los aranceles seguirán en vigor hasta el 14 de octubre, dando tiempo al Gobierno para apelar la decisión judicial.

Desde el Departamento de Justicia, la fiscal general Pam Bondi ha indicado que se lanzará un recurso contra esta resolución, calificándola de "errónea". En un mensaje a través de su perfil en redes sociales, aseguró que "el Departamento de Justicia seguirá trabajando para reafirmar la autoridad legítima del presidente".

Mientras tanto, Trump ha expresado su desacuerdo en plataformas digitales, subrayando que todos los aranceles permanecen activos. Afirmó que el fallo de un "tribunal de apelaciones altamente partidista" es un malentendido de la situación y que su administración prevalecerá "al final", sosteniendo que la eliminación de los aranceles sería "un desastre total" para la nación.

Los órdenes ejecutivos en cuestión incluyen cinco directrices que podrían ser suspendidas, las cuales se basan en la IEEPA. Esto abarca una serie de aranceles recíprocos establecidos durante lo que se conoció como 'Día de la Liberación' el 2 de abril, así como otros gravámenes dirigidos a China, México y Canadá. No obstante, medidas como el arancel del 25% sobre automóviles, acero y aluminio quedarían fuera de este conflicto legal, ya que están reguladas por la Ley de Expansión Comercial.

Este fallo marca un límite a la capacidad del presidente para imponer aranceles, reafirmando que esta prerrogativa reside en el Congreso, tal como establece la Constitución estadounidense. El tribunal señala que sería poco probable que el Congreso, al aprobar la IEEPA, hubiera tenido intención de conceder al presidente un poder ilimitado en este ámbito.

Para Trump, la anulación de los aranceles representaría una amenaza para la economía nacional. En sus declaraciones, reiteró que su enfoque comercial es "la mejor herramienta" para proteger a empresas y trabajadores estadounidenses, advirtiendo que el país no aceptará déficits comerciales elevados ni prácticas desleales por parte de otros países, sean aliados o adversarios.