En un giro significativo dentro del ámbito judicial, la jueza Inmaculada Iglesias, del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que abra una investigación sobre Alberto González Amador, quien es reconocido como la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Este requerimiento se detalla en un auto fechado el pasado viernes, que contempla una pieza separada en la que se examina un posible delito de corrupción empresarial y administración desleal. En dicho documento, la jueza brinda un plazo de cinco días para que se presente un recurso de apelación, evidenciando la seriedad de los acontecimientos en curso.

La Fiscalía ha solicitado la intervención de la UCO debido a la complejidad del caso, que abarca diversas provincias y sugiere una red delictiva enraizada. Según informaciones de la Agencia Tributaria, la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos, administrada por González Amador, experimentó un notable aumento en sus ingresos entre 2020 y 2021, coincidiendo con actividades de intermediación en una venta de material sanitario y con elevados ingresos generados por Quirón Prevención SL, su cliente principal.

Parte de las irregularidades expuestas en el auto detalla que el 4 de diciembre de 2020, Maxwell adquirió Círculo de Belleza SL, una sociedad que, según indicios, no poseía valor real, por casi medio millón de euros a la esposa de un alto directivo de Quirón Prevención. En una traba a su valor, se observa que en septiembre de ese mismo año, la esposa en cuestión había comprado participaciones en su sociedad por una fracción mínima, indicando que el precio de la compra fue sospechosamente bajo, por un aumento exponencial del valor de las participaciones en tan solo tres meses.

Las declaraciones de los involucrados sugieren que González Amador no abonó la suma total que se alegó para la adquisición de Círculo de Belleza SL, que aparentemente era una sociedad inactiva. Según el fiscal, existen evidencias que apuntan a que esta operación pudo haberse ejecutado para remunerar la intermediación entre FCS y MAPE, o por el incremento de facturación de Quirón Prevención.

En el contexto financiero del año 2020, Maxwell reportó ingresos por un total de 1,9 millones de euros, destacándose facturas significativas que respaldan la actividad ficticia en torno a la venta de material de protección sanitaria. Esta operativa se remonta a transacciones específicas, donde se ha registrado un papel crucial de intermediación en las que se sospecha que Maxwell era el verdadero proveedor de servicios, a pesar de que la supuesta empresa les prestadora carecía de recursos y capacidad operativa.

El informe de inspección del octubre de 2022 clasificó a la sociedad Círculo Belleza SL como "instrumental", utilizada por Maxwell para enmascarar sus actividades frente a Quirón Prevención, indicando que carecía de los medios necesarios para operar. Así, el 15 de diciembre de 2021, se firmó un contrato que facilitaba la cesión de actividades a Masterman SL, lo que permitió a González Amador tomar el control de la sociedad, aumentando aún más las inquietudes sobre la legalidad de las operaciones realizadas.

Con todo ello, la inspección concluyó que las operaciones llevadas a cabo por estas sociedades representaban una simulación, donde Masterman SL aparentemente era la prestadora de servicios cuando en realidad todos los hechos apuntan a que Maxwell debería haber sido la que facturara directamente a Quirón Prevención.

Dada la complejidad y el alcance interprovincial de los hechos, la Fiscalía fundamenta su solicitud de investigación por parte de la UCO, con el fin de esclarecer si las actividades delictivas han tenido un impacto en la manipulación del origen de los fondos utilizados. Este caso no solo pone de relieve un potencial escándalo de corrupción, sino que también plantea interrogantes sobre la gestión de recursos en el entorno político actual.