En un comité del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrado el 23 de enero en Madrid, Carlos Ruiz Massieu, líder de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, expresó su grave preocupación por la situación de seguridad en el Catatumbo, una región situada al noreste del país. Ruiz Massieu atribuyó la escalada de violencia, que se ha intensificado en la última semana, a la falta de una presencia estatal efectiva en áreas donde los grupos armados ilegales buscan controlar tanto el territorio como a la población.

El representante de la ONU destacó que el "derramamiento de sangre" es consecuencia del enfrentamiento continuo entre diferentes facciones armadas en un país donde la intervención del Estado es limitada. En su intervención, enfatizó que Catatumbo, como muchas otras regiones, anhela los beneficios del Acuerdo de Paz firmado en 2016, que prometió mejorar el acceso a servicios básicos, crear oportunidades de desarrollo y asegurar una paz duradera. La ausencia de un Estado presente en estas áreas es lo que facilita la lucha por el dominio territorial entre grupos ilegales, explicó Ruiz Massieu.

Ante esta alarmante situación, el jefe de la misión de la ONU hizo un llamado a las autoridades colombianas para que reconozcan que el éxito y la efectiva implementación del Acuerdo de Paz de 2016 dependerán directamente de la asignación de los recursos necesarios. La falta de recursos se ha convertido en un obstáculo para lograr la estabilidad y el desarrollo en regiones afectadas por la violencia.

Ruiz Massieu también condenó los recientes enfrentamientos, que han dejado un saldo de al menos 80 personas muertas y han forzado el desplazamiento de alrededor de 32,000 individuos. Se manifestó “profundamente entristecido” por estas circunstancias y exhortó a los grupos armados a cesar sus ataques contra los civiles. Además, hizo un llamado urgente para permitir el ingreso de ayuda humanitaria a las áreas afectadas, libre de obstáculos.

En la misma sesión informativa, participó Diego Tovar, excombatiente de las FARC y miembro de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Paz. Tovar alertó que la ola de violencia reciente no solo amenaza a Catatumbo, sino que podría propagarse a otras regiones del país. Desde Nueva York, expresó su indignación ante la abrumadora impunidad que rodea los asesinatos de excombatientes, que estima en un alarmante 90%. También destacó las dificultades que enfrenta el proceso de reintegración social, que, a ocho años de la firma del acuerdo, ha resultado en desplazamientos masivos de quienes antes formaban parte de la guerrilla.

En respuesta a la crisis, el ministro de Exteriores colombiano, Luis Gilberto Murillo, quien presentó su dimisión el lunes, subrayó que los homicidios de firmantes del acuerdo de paz son “inaceptables”. Murillo afirmó que el gobierno no escatimará esfuerzos para lograr justicia por estos actos de violencia extrema. "Colombia no renuncia a la paz. La paz no es una utopía, sino una realidad posible con el compromiso adecuado", aseguró. También explicó que la suspensión de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se debió a la necesidad de que haya reciprocidad en el proceso para poder avanzar hacia una solución pacífica.

El incremento de miembros del Frente 33 ha generado enfrentamientos con el ELN, grupo que tuvo históricamente el control en Catatumbo. Esta región, que comprende alrededor de quince municipios y comparte frontera con Venezuela, es un territorio deseado por su abundancia de recursos minerales y su clima favorable para el cultivo de coca, lo que la convierte en un punto caliente en el conflicto armado colombiano.