Este miércoles, el Congreso ha dado un importante paso hacia la inclusión y el respeto a la diversidad lingüística en nuestro país, al aprobar en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Esta legislación, negociada por el Gobierno en alianza con Junts, establece que las grandes empresas deben ofrecer atención al cliente en las lenguas cooficiales presentes en las distintas comunidades autónomas.

La propuesta establece que aquellas empresas con más de 250 empleados o una facturación superior a 50 millones de euros, así como aquellas que brinden servicios de interés general, estarán obligadas a facilitar la atención al cliente en el idioma que se solicite en las comunidades autónomas donde se hablen lenguas cooficiales. Durante la votación, la norma recibió el apoyo de PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV, Podemos y Bildu, mientras que PP y Vox expresaron su rechazo a la iniciativa.

Con la aprobación en esta fase, el texto corresponde ahora ser discutido en el Pleno de la Cámara Baja, programado para la semana del 11 de noviembre. Tras este debate final, la ley se enviará al Senado, donde seguirá el procedimiento parlamentario habitual con ponencia, comisión y debate pleno.

Entre las disposiciones incluidas en la ley, se garantiza que los consumidores en comunidades con lenguas oficiales distintas al castellano puedan recibir asistencia en el idioma de su elección, siempre que la empresa opere en esas áreas y disponga de los recursos necesarios para hacerlo. Además, se asegurará que las consultas y reclamaciones se realicen en castellano o en las lenguas oficiales de las respectivas comunidades.

La ley también introduce un cambio significativo en la regulación de los juegos de apuestas, al reconocer la figura de los 'influencers' en la legislación sobre el juego. A través de una enmienda acordada por PSOE, Sumar y ERC, se incorporan a los individuos con un amplio reconocimiento en la sociedad, quienes pueden influir en las preferencias y decisiones del público.

Adicionalmente, se establece que las promociones de los operadores de juego solo podrán beneficiarse a aquellos clientes que tengan una cuenta verificada y activa durante al menos treinta días, fortaleciendo así la regulación del sector.

Las nuevas disposiciones contemplan que los operadores solo podrán aceptar métodos de pago nominativos, restringiendo el acceso a aquellos que estén nominalmente vinculados al jugador. Además, se les exigirá contar con cuentas bancarias específicas en España para gestionar los fondos de los jugadores, garantizando así una mayor transparencia y seguridad en las transacciones.

En un esfuerzo por aumentar la regulación del sector, se creará un registro de proveedores de juego que obligará a inscribir a todas las entidades que ofrezcan servicios relacionados, asegurando el cumplimiento de la normativa y la prohibición de ofrecer servicios sin la debida licencia en territorio español.

Finalmente, se aprobó una reforma para frenar el acoso telefónico mediante la imposición de prefijos en las llamadas comerciales. Las compañías de telefonía deberán bloquear aquellas llamadas que no cumplan con esta normativa, y las comunicaciones no consentidas serán desautorizadas, invalidando los contratos resultantes. Sin embargo, la ley no se aplicará a las compañías de luz, gas y servicios telefónicos que tengan menos del 5% del mercado, lo que les exime de garantizar atención al cliente continua.