MADRID, 25 de diciembre. Marien Ortega, quien recientemente ha sido nombrada portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), ha expresado su preocupación por el predominio de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) en los procesos de nombramiento dentro de la cúpula judicial.

En una entrevista concedida a Europa Press, Ortega reflexionó sobre su designación como portavoz de la AJFV, que es la segunda asociación judicial más grande de España, durante la 39ª Asamblea celebrada en A Coruña el pasado 14 de noviembre.

La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 13 en Sevilla subrayó que es "notable" que estas dos asociaciones concentran los nombramientos, a pesar de que, juntas, no representan más del 35% de la carrera judicial. Este fenómeno, según Ortega, sugiere que los criterios actuales para los nombramientos no se basan únicamente en el mérito y la capacidad, sino que entran en juego otros factores.

Ante esta situación, AJFV ha decidido no respaldar a ningún candidato para el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta que los miembros de la carrera judicial elijan a los 12 vocales judiciales correspondientes. Ortega asegura que esta decisión surge de la constatación de que "el sistema se mantiene idéntico, atado a las mismas cuotas partidistas" en las que predominan las mismas dos asociaciones.

La magistrada insistió en la necesidad de reformar el modelo de nombramientos del CGPJ, un órgano que, en su opinión, debe alejarse de cualquier percepción de influencia política. Según Ortega, la identificación de los nombramientos con bloques conservadores y progresistas deteriora la credibilidad de la institución.

AJFV ya había elevado sus preocupaciones en verano al denunciar que los nombramientos discrecionales hechos por el CGPJ no reflejan fielmente la realidad de la carrera judicial y que existe una sobre representación de los miembros de APM y JJpD. La asociación argumentó que estas dos organizaciones habían conseguido el 75% de las plazas públicas que tenían más de un candidato, a pesar de que, combinadas, no alcanzan el 35% de representación en el sistema judicial.

Respecto a la creación de nuevos tribunales de instancia, que entrarán en funcionamiento a partir del 31 de diciembre, Ortega reconoce que es un paso hacia la "modernización de la justicia", pero advirtió que este cambio se ha implementado "sin la participación de quienes están en el terreno, quienes sostienen el sistema judicial día a día".

Si bien valora las reuniones con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Ortega lamenta la falta de diálogo con la carrera judicial. También mostró su apoyo a la moratoria propuesta por el Ministerio para establecer los nuevos tribunales, con el objetivo de identificar y abordar problemas antes de su instauración en grandes ciudades.

La magistrada considera crucial examinar cómo está funcionando el proceso, ya que una falta de revisión podría llevar a un "caos absoluto". Además, AJFV aboga por un aumento en la convocatoria de plazas judiciales, ya que, según Ortega, las ofertas actuales no son suficientes para cubrir las vacantes generadas por jubilaciones y otros factores.

Ortega hizo hincapié en que la cantidad de jueces en España es insuficiente comparada con la media europea, lo que agrava la situación de carga de trabajo que enfrentan los magistrados. "Si un juez está abrumado por su carga laboral, su capacidad de respuesta se ve afectada", advirtió, lo que tiene un impacto directo sobre la ciudadanía.

También resaltó un incremento en el número de bajas laborales y jubilaciones anticipadas entre sus compañeros, lo cual atribuyó a la presión asociada a un sistema que no muestra indicios de mejora.

En otro tema, Ortega defendió la decisión del Tribunal Supremo en el caso del ex fiscal general del Estado, argumentando que la sentencia está fundamentada y motivada, y sugiriendo que se debe evitar especular sobre posibles motivaciones políticas, destacando la importancia de mantener el debate jurídico dentro de los límites adecuados.

Recordó que los votos particulares emitidos por dos magistradas que solicitaron la absolución del imputado deberían verse como parte del funcionamiento normal de un órgano colegiado. Ortega enfatizó que la situación actual ha causado un "daño grave" a la credibilidad de la Fiscalía General del Estado, y afirmó que uno de los principales desafíos para la nueva jefa del Ministerio Público, Teresa Peramato, será restaurar esa credibilidad.