Este 4 de marzo en Madrid, se ha hecho pública la decisión de LaLiga de llevar ante los tribunales la multa de un millón de euros que le fue impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Desde la entidad futbolística argumentan que la sanción está fundamentada en "premisas rotundamente erróneas", y sostienen que les resulta imposible realizar la evaluación de impacto sobre la protección de datos exigida por la ley, ya que afirman no manejar datos biométricos ni tomar decisiones al respecto.

La razón detrás de la multa es el uso indebido de sistemas de reconocimiento biométrico instalados en los accesos a las gradas de los estadios. Según un documento de la AEPD, firmado por la exdirectora Mar España, LaLiga fue acusada de violar el artículo 35 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), considerándose la infracción como grave bajo el artículo 83.4 a) del mismo reglamento.

En un comunicado, LaLiga se defendió claramente de esta acusación, enfatizando que no tiene responsabilidad legal sobre el manejo de datos biométricos en las gradas, dado que no se relaciona directamente con los aficionados ni utiliza esos datos. Esta postura refuerza su argumento de que la evaluación de impacto en protección de datos no se aplica en su caso.

La organización liderada por Javier Tebas señala que la AEPD justifica la sanción basándose en una normativa interna que regula el uso de sistemas biométricos, la cual fue validada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y cuya implementación fue exigida a los clubes por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Intolerancia y la Xenofobia en el Deporte (CEVRXID). De este modo, LaLiga asegura que la decisión fue colectiva y no unilateral.

Además, destaca que, tras cambios legislativos impulsados por la CEVRXID en enero de 2023, ha mantenido un diálogo activo con esta institución, el CSD y la Oficina Nacional del Deporte. Este trabajo conjunto resultó en una propuesta que fue evaluada por la AEPD y que ahora está bajo revisión del Consejo, con el fin de autorizar la instalación de sistemas biométricos en los accesos a las gradas de animación, lo que según LaLiga no contraviene los criterios de la Agencia.

LaLiga reafirma su compromiso con la seguridad tanto de jugadores como de aficionados en los estadios de España, y se ha comprometido a tomar todas las medidas necesarias para legislar sobre el problema creciente de la violencia, el racismo y la intolerancia en el deporte.

Finalmente, la patronal indica que ha presentado un recurso contra la resolución a través de los canales judiciales, refiriéndose a un caso anterior en el que el Tribunal Supremo falló a favor de LaLiga en julio de 2024, al anular una sanción similar relacionada con la activación de micrófonos en su aplicación oficial, estableciendo un precedente legal importante para su defensa actual.