El Ministerio de Igualdad de Irene Montero ha impulsado la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del 'Solo sí es sí', y la Ley Trans y por los derechos de las personas LGTBI+, ambas leyes que han causado división en el movimiento feminista y en el propio Gobierno de coalición. La modificación del Código Penal en relación a los delitos sexuales busca poner el consentimiento en el centro del delito, unificar los delitos de abuso y agresión y garantizar medidas de protección para las víctimas. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial ha cuestionado la efectividad de la nueva definición de consentimiento y la ley ha generado más de 1.000 rebajas de penas a agresores sexuales y más de 100 excarcelaciones, lo que ha generado peticiones de reforma por parte de la oposición.

Por su parte, la Ley Trans y por los derechos de las personas LGTBI+ ha sido criticada por la entonces vicepresidenta Carmen Calvo y por el PSOE, que presentó enmiendas relacionadas con el cambio de sexo de los menores. La norma busca eliminar los requisitos de tratamiento hormonal y de un diagnóstico médico de disforia de género para solicitar el cambio registral de sexo y declarar violencia contra la mujer la gestación subrogada, entre otras medidas.

El Gobierno de coalición también aprobó la reforma de la Ley del aborto para recuperar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para las menores de 16 y 17 años sin necesidad de autorización de sus padres, así como la creación de una lista de profesionales objetores a esta medida y la eliminación de los tres días de reflexión tras la solicitud de un aborto. También incluye el reparto de productos anticonceptivos en centros de salud, la baja por menstruaciones incapacitantes y la declaración de violencia contra la mujer en la gestación subrogada, entre otras medidas sociales.

Otra iniciativa destacada ha sido el Ingreso Mínimo Vital, una renta creada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para luchar contra la extrema pobreza tras la pandemia y que ha llegado a más de 600.000 hogares. Sin embargo, la gestión de esta prestación ha sido criticada por la oposición por no llegar a todos los hogares comprometidos.

Por último, el Gobierno ha aprobado la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global que fija la obligatoriedad de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a Ayuda Oficial al Desarrollo en el horizonte de 2030. También se ha aprobado un reglamento de la Ley de Extranjería que permite a los extranjeros en situación irregular en España acogerse al arraigo por formación para facilitar su incorporación al trabajo.

El Gobierno también ha llevado a cabo la acogida de refugiados afganos y ucranianos y ha concedido más de 170.000 protecciones internacionales a los desplazados. En cuanto a la Ley del 'Solo sí es sí', ha generado división política y en el movimiento feminista, provocando la manifestación separada en el Día Internacional de la Mujer en 2021 y la petición explícita de dimisión de Irene Montero en la manifestación de 2023.