El 11 de noviembre en Madrid, el equipo legal de Nacho Cano ha presentado un Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, solicitando el sobreseimiento libre de la causa en su contra. Afirman que "no existe ningún delito" y critican lo que consideran "abusos repetidos de la jueza", quien, según ellos, fue designada "a dedo" para llevar el caso.

En el documento accesible a Europa Press, los abogados de Cano argumentan que los becarios que participaron en el musical 'Malinche' ingresaron en España como turistas. También señalan que la solicitud de estancia por estudios es "completamente legal", enlazando esta afirmación con un Real Decreto de 2018 que modificó el Reglamento de Extranjería permitiendo la tramitación de permisos de estudios desde el territorio español.

Las fuentes legales consultadas sostienen que “toda la documentación es correcta desde una perspectiva administrativa y legal” con respecto a la estancia de los becarios en el país. Por lo tanto, concluyen que no puede considerarse un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, uno de los dos delitos que están bajo investigación.

Asimismo, el Recurso de Apelación argumenta que los becarios no mantenían una relación laboral con el espectáculo en cuestión. Durante su periodo de prácticas "no laborales", estos becarios estaban completando un curso de formación. El documento legal detalla que la intervención de los becarios en el musical se limitaba a breves participaciones en algunas funciones durante los fines de semana, las cuales eran organizadas de manera independiente por la organización, con un registro que no superaba las tres horas semanales para cada uno.

La defensa solicita a la vez que se declare la nulidad del atestado de la Policía Nacional y que se aporte el informe sobre las actuaciones policiales del 27 de junio, así como el acceso a un visionado detallado del proceso desde la llegada de las supuestas víctimas a la comisaría hasta su salida.

Además, se exige que la Brigada de Extranjería remita el expediente concerniente a la situación administrativa de la denunciante Lesly Ochoa, para clarificar si ésta cuenta con un estatus de asilo concedido o si está en proceso de solicitud.

En otro punto de la defensa, se formula una queja sobre la asignación “sorprendente” de la misma jueza que está llevando a cabo las actuaciones contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que asuma también el caso de Cano.

Los abogados han afirmado que el atestado policial fue llevado en soporte físico al decanato, lo que, según ellos, permitió alterar el reparto judicial, asignando el caso a la jueza de su elección en lugar de seguir el procedimiento habitual por turno.

En defensa de sus derechos, las fuentes legales indican que “esto afecta a un derecho fundamental, el del juez ordinario predeterminado por la ley,” añadiendo que cualquier alteración en el proceso de asignación de casos podría resultar en la nulidad de las acciones emprendidas.

El reparto judicial, revelan, se realizó en apenas “nueve minutos”, lo que, unido al manejo del atestado en papel, facilita la posibilidad de asignar el caso “a dedo.” A su vez, Nacho Cano mencionó a la prensa el día de su detención que “ya se conocía el juzgado y la magistrada encargada de la instrucción del caso.”

Ante el grave desafío que presenta esta acusación sobre los protocolos de reparto en los Juzgados de Instrucción de Madrid, se hace un llamado al Juzgado Decano para que tome nota de las irregularidades potenciales, subrayando la violación del derecho a un juez predeterminado en el tratamiento de este asunto en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.