En una noticia publicada por el diario británico Financial Times este miércoles, se detalla que la Unión Europea tiene previsto imponer aranceles del 25% a las importaciones de vehículos eléctricos de batería (BEV), lo que resultaría en una recaudación anual de más de 2.000 millones de euros para el bloque.

La UE sigue adelante con su plan a pesar de las objeciones de países como Alemania, cuyo canciller, Olaf Scholz, ha advertido sobre el riesgo de desencadenar una guerra comercial con China.

Según fuentes citadas por el diario, la Comisión Europea notificará a los fabricantes de automóviles que se aplicarán aranceles adicionales del 25% a partir del próximo mes a los vehículos eléctricos chinos importados.

Bruselas argumenta que los fabricantes chinos reciben subsidios que perjudican a sus competidores europeos.

En contraposición, países como Francia y España respaldan estos aranceles y se espera que generen importantes ingresos para la UE a medida que aumenten las ventas de vehículos eléctricos chinos en Europa.

China ha advertido que tomará represalias para evitar los nuevos aranceles, que se sumarían al arancel del 10% existente en la UE. Mientras tanto, China ya aplica un arancel del 15% a los vehículos eléctricos europeos.

Países como Alemania, Suecia y Hungría han manifestado su oposición a la medida por temor a represalias chinas, según lo reportado por el diario.

Los aranceles que Estados Unidos anunció recientemente para las importaciones de vehículos eléctricos llegaron al 100%, aumentando significativamente sus ingresos. Por otro lado, la Comisión Europea está considerando imponer aranceles retroactivos a fabricantes de vehículos eléctricos procedentes de China después de observar una significativa cantidad de importaciones.

Bruselas ha decidido registrar las importaciones de vehículos eléctricos chinos para seguir el rastro de posibles subvenciones y aplicar derechos compensatorios en caso de ser necesarios al finalizar la investigación.

La Comisión teme que el aumento de importaciones a precios supuestamente subvencionados perjudique a los fabricantes europeos, lo que podría resultar en un impacto negativo en el empleo y la productividad de la Unión.