En una importante reunión en Bruselas el pasado 17 de diciembre, los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea han dado un paso significativo hacia la protección de nuestros mares al establecer nuevas directrices para prevenir vertidos de pélets de plástico. Este acuerdo se produce a raíz del debilitante incidente que afectó las costas gallegas en enero, lo que llevó a España a presionar para que el sector marítimo fuese incluido en la legislación, algo que inicialmente no estaba contemplado en la propuesta de la Comisión Europea.

El pacto alcanzado por los Veintisiete servirá como base para las negociaciones futuras con el Parlamento Europeo, que, recordemos, perfiló su posición ya en abril. Estas discusiones darán inicio bajo la presidencia polaca del Consejo durante el primer semestre de 2025, un momento crucial para fijar los términos definitivos de esta ley que promete un cambio en la gestión del plástico en nuestros océanos.

Las nuevas disposiciones establecerán el alcance de la normativa para todos los actores económicos que manipulan cantidades superiores a cinco toneladas de pélets de plástico dentro del territorio de la UE. Esto incluye no solo a los operadores locales, sino también a los transportistas de terceros países que manejen este material, lo que amplia significativamente el marco de responsabilidad ante el grave problema de contaminación que enfrentamos.

Asimismo, las empresas responsables de limpiar contenedores y cisternas de pélets de plástico también estarán bajo el alcance de esta nueva normativa, al igual que los expedidores, operadores, agentes y capitanes de buques internacionales que operen desde o hagan escala en puertos de Estados miembros. Con esta inclusión, se busca establecer un marco regulatorio más amplio y seguro.

El acuerdo pone de manifiesto la necesidad de que todos los buques que transporten pélets de plástico en la UE cumplan con ciertas obligaciones, alineándose con las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI) y promoviendo una gestión más responsable de estos materiales enmarcados en buenas prácticas ambientales.

Una vez que se apruebe la norma, tanto los transportistas europeos como los de países externos tendrán la responsabilidad de prevenir el derrame de gránulos de plástico, y en caso de que ocurra alguna pérdida, estarán obligados a limpiar el área y a notificar a las autoridades de su implicación en el transporte de estos materiales dañinos.

Para asegurar un cumplimiento ajustado a estas nuevas exigencias y a la vez fomentar una competencia justa, el Consejo ha decidido que los transportistas de fuera de la UE designen a un representante autorizado dentro del territorio comunitario. Sin embargo, esta medida ha suscitado críticas por parte de la nueva comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, quien destaca las serias preocupaciones sobre la viabilidad de esta obligación dada la carga administrativa que podría acarrear.

Por otro lado, se ha introducido una obligación adicional que requiere que se garantice una información clara sobre el transporte, el envasado seguro y los sistemas adecuados de carga para los pélets de plástico, extendiéndose también a las normas previamente establecidas para el transporte por carretera, ferroviario y vías navegables internas, tal como proponía la Comisión.

En un intento por facilitar la implementación de estas medidas en el sector marítimo, el Consejo ha decidido posponer su aplicación por 36 meses desde que el reglamento entre en vigor, otorgando así un margen adicional en comparación con otros sectores, donde las disposiciones deberán aplicarse 24 meses después de la aprobación.

Las nuevas regulaciones implican que las autoridades nacionales se encarguen de realizar inspecciones medioambientales y aplicar otras medidas de verificación bajo un enfoque de riesgo. Además, aquellos operadores de mayor envergadura deberán obtener un certificado de conformidad de entidades externas e independientes para garantizar que cumplen con lo estipulado.

En cuanto a las empresas, la normativa establece que, salvo las microempresas, todas las empresas que manipulen más de 1.000 toneladas anuales de pélets de plástico estarán obligadas a esta normativa. Sin embargo, los Estados miembros han decidido ofrecer un período de transición de cuatro años a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para que se adapten a estas nuevas regulaciones.

Por último, aquellas entidades que trabajen con menos de 1.000 toneladas al año deberán emitir una declaración responsable. Sin embargo, el Consejo también está considerando permitir que los Estados miembros gestionen el cumplimiento de estas exigencias a través de sus sistemas nacionales de permisos ya existentes, una medida que podría simplificar el proceso para los más pequeños actores del sector.