En la capital española, Madrid, el pasado 11 de diciembre, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se pronunció respecto a la controversia en torno a la condecoración otorgada en 2022 a Víctor de Aldama. Durante su declaración, Marlaska optó por respaldar sus palabras en las declaraciones realizadas ayer por Francisco José Vázquez, coronel de la Guardia Civil al mando de la lucha contra el yihadismo, con el fin de distanciarse de la polémica.

Este miércoles, el ministro hizo alusión a la comparecencia del coronel en el Senado, donde lo elogió como “una de las figuras más destacadas en la lucha antiterrorista”. Con estas palabras, Marlaska buscó dar validez al proceso que condujo a la condecoración, asegurando que es competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado definir quiénes son los colaboradores más eficaces y profesionales en este ámbito.

Marlaska enfatizó que la colaboración de Aldama con la Guardia Civil data del año 2017, periodo en el que el Partido Popular estaba en el poder. Además, aclaró que en el año 2022 se otorgaron un total de 1,500 medallas, incluidas más de 500 a personas que no pertenecen a las fuerzas de seguridad. Este contexto se convierte en un punto relevante en la discusión sobre la legitimidad de las condecoraciones.

En respuesta a las críticas planteadas por el Partido Popular sobre la supuesta “arbitrariedad y falta de rigor” en la entrega de medallas, el ministro subrayó que son las unidades de la Guardia Civil las que proponen estas condecoraciones, mientras que su función como ministro es simplemente dar el visto bueno a las mismas.

El Partido Popular, en sus cuestionamientos, ha hecho hincapié en la necesidad de que Aldama cumpla un “buen servicio a España” para poder “destapar toda la corrupción”. Este comentario refleja el deseo de la oposición de que se lleve a cabo una clara rendición de cuentas en el panorama político y de seguridad del país.

En su contrarréplica, Marlaska volvió a subrayar que el PP se aferra a las declaraciones de Aldama porque les resulta doloroso recordar que este individuo comenzó su colaboración en 2017, momento que coincide con los últimos días del gobierno de Mariano Rajoy. Por esto, señala el ministro, la oposición se encuentra ante una verdad incómoda, vinculando sus críticas a un pasado que prefieren olvidar.

Finalmente, Marlaska recordó que la Fiscalía solicita 15 años de prisión para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y denunció cómo en aquella administración se utilizó a la policía para “destruir pruebas y perseguir a opositores políticos” en lo que se ha denominado la “policía patriótica”. En este sentido, concluyó que las críticas del PP se basan en “datos falsos, bulos y ataques” que no se atreven a plantear fuera del hemiciclo, conscientes de las repercusiones legales que configurarían su discurso.