Una organización no gubernamental ha puesto de manifiesto que la condición de víctima no se reconoce de forma uniforme en todo el país, lo que conlleva que quienes cambian de comunidad autónoma pierdan esta acreditación y deban reiniciar el proceso para obtenerla.

En la sesión de la Comisión de Igualdad del Congreso, Ana Belén Durán Muñoz, directora de Programas Estatales y Autonómicos de Médicos del Mundo España, informó que en los últimos tres años han acompañado a más de 18.000 mujeres que enfrentan situaciones de prostitución, explotación sexual o trata. De este grupo, alrededor de 4.900 están en tratamiento para recuperar su salud mental.

Durán también detalló que entre noviembre de 2022 y junio de 2025, la organización ha desarrollado 318 informes sobre trata y explotación sexual en las 16 comunidades autónomas en las que opera. La presentación de estos informes se realizó en el contexto de su trabajo titulado 'Piedras en el camino, claves para dar respuestas a las supervivientes de trata y/o explotación sexual'.

La ONG ha contabilizado además 317 solicitudes para obtener la condición de víctima que han sido presentadas ante autoridades públicas, de las cuales 267 han sido aprobadas, lo que representa un 87,4% de aceptación. Sin embargo, Durán subrayó que, de estas acreditaciones, solo 205 han resultado en un acceso efectivo a los recursos disponibles. Más preocupante aún es que una de cada cuatro mujeres que obtienen este reconocimiento sigue sin poder acceder a la asistencia que tanto necesitan.

En su intervención, la directora hizo hincapié en que son las comunidades autónomas las que determinan cómo se gestionan estos procedimientos y los recursos disponibles, lo que provoca una aplicación desigual y errática a lo largo del territorio español.

Durán alertó sobre el hecho de que las acreditaciones obtenidas por las mujeres no tienen validez más allá del territorio de la comunidad autónoma en la que fueron emitidas. Esto significa que si una mujer se traslada a otra región, debe reiniciar todo el proceso para lograr el reconocimiento de su condición de víctima.

“El actual sistema es complicado y confuso, lo que genera inseguridad, estigmatización y revictimización. En muchas ocasiones, los derechos que las leyes reconocen no se traducen en realidades tangibles para estas mujeres", enfatizó Durán.

Las comunidades de Baleares, Aragón, Canarias, Navarra, Cantabria y Castilla-La Mancha han sido las que han registrado el mayor número de solicitudes de acreditación por trata y explotación.

Durán también destacó otros dos aspectos críticos que afectan la inclusión social de las supervivientes: el registro de empadronamiento y el acceso a cuentas bancarias básicas. Estos elementos son esenciales para la integración social, pero se presentan como serios obstáculos en la actualidad.

La representante de Médicos del Mundo exigió una revisión del sistema de acreditación de víctimas de trata, señalando que este modelo actual se encuentra falto de efectividad en la protección de estas personas, así como la necesidad de establecer una ley integral que aborde la trata y la explotación sexual, garantizando un marco adecuado para la identificación y acreditación de las víctimas.

Durán hizo un llamado a que las mujeres migrantes que se encuentran en situaciones administrativas irregulares puedan acceder al sistema de acreditación sin sufrir revictimización, y que se homogenice el proceso entre comunidades autónomas para evitar desigualdades en la asistencia.

Reiteró que el reconocimiento del estatus de víctima debe ser considerado no solo como un requisito para obtener ayuda, sino también como un paso de dignificación y reparación hacia quienes han sufrido estas violaciones de derechos. Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer el papel de las entidades sociales especializadas en apoyo y detección, así como garantizar que los ayuntamientos cumplan con su obligación de empadronar a migrantes en situaciones irregulares.

Durante el debate, la diputada socialista Milena Herrera subrayó que la trata es un reflejo de la desigualdad y una forma extrema de violencia, instando a trabajar en conjunto para resolver las deficiencias del sistema actual.

Por su parte, Julia Parra del Partido Popular criticó la falta de acción efectiva en la lucha contra la trata, a pesar de la abundante información y conocimiento disponible, y pidió la implementación de una legislación integral que reconozca la necesidad de protección y reparación para las víctimas.

Desde Vox, la diputada Rocío Aguirre abordó el tema desde una perspectiva de control migratorio, argumentando que la presencia de personas en situación irregular alimenta los problemas de trata y prostitución, abogando por el cierre de fronteras para evitar la entrada de quienes podrían dedicarse a estas actividades.