La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha asegurado que la propuesta de la Comisión Europea para fijar una condena máxima de al menos 5 años para delitos de malversación en todos los países de la UE no desautoriza la reciente reforma del Gobierno español que dejó algunas penas inferiores, aunque ha calificado la propuesta de "lógica".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Montero ha explicado que la reforma del Código Penal que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez con la malversación "avanzó de manera consensuada" para igualarse con el resto de países europeos en cuanto a la estructura de cómo se consideran los delitos, subrayando la importancia de que el esquema sea similar en todos los países.

"Son borradores de trabajo, ahora empieza el debate. Estamos trabajando y tenemos que aportar nuestra visión y escuchar también lo que ocurre en otros entornos. Por tanto, estamos en condiciones adecuadas de poder abordarlo en las mejores garantías posibles", ha expresado la ministra.

Montero ha señalado que el Gobierno español se presenta a ese debate europeo "con los deberes hechos", dado que se ha incorporado al Código Penal un nuevo tipo de enriquecimiento ilícito que diferencia entre el ánimo de lucro y los que no lo tienen, lo que va "en sintonía" con lo que marca la Unión Europea. El objetivo es que los delitos relacionados con la corrupción tengan un "tratamiento similar" en todos los países comunitarios, para que así sea más fácil controlar el fraude a través de las fronteras, de tal forma que nadie quede impune ante un uso inadecuado de los impuestos de los ciudadanos, ha dicho.

La Comisión Europea plantea en concreto que las infracciones referidas a malversación, tráfico de influencias y cohecho sean castigadas con penas de cárcel de una duración máxima de al menos 5 años, un suelo para la pena máxima de cada delito que en el caso de España supondría endurecer los dos tipos atenuados creados con la última reforma penal.