En un notable giro judicial, la jueza ha hecho pública una seria acusación que ha sido dirigida al Juzgado Decano, en el contexto de un caso que involucra al productor Nacho Cano.

De acuerdo con información de Europa Press, la defensa de Cano ha manifestado su asombro ante la asignación de la jueza que, curiosamente, también está a cargo de las investigaciones que afectan a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

El escrito de la jueza del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid revela que la defensa de Cano sostiene que el atestado policial fue presentado en formato físico y no digital, lo cual plantea interrogantes sobre el manejo de la información. Según la defensa, hubo un “reparto directo” al mismo juzgado que investiga el caso de la pareja de Ayuso, lo que podría estar comprometiendo la integridad del proceso judicial.

El productor argumenta que, incluso antes de su detención, se conocía cuál sería el juzgado y la magistrada que se encargarían del caso, lo cual plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la aleatoriedad del procedimiento judicial. “Esto significa que se estarían pasando por alto nuestros derechos al juez ordinario predeterminado por la ley”, declara la defensa de Cano, añadiendo que esta irregularidad podría confirmarse a través de un análisis pericial informático.

Frente a estas acusaciones de irregularidades en el proceso de reparto de casos, la jueza María Inmaculada Iglesias Sánchez ha decidido remitir el asunto al Ministerio y a las partes involucradas, otorgándoles un plazo de cinco días para presentar sus alegaciones.

En su comunicado, la jueza subraya la gravedad de las alegaciones que se han surgido en relación al cumplimiento de las normas sobre la asignación de casos entre los Juzgados de Instrucción en Madrid, haciendo hincapié en la potencial violación del derecho a un juez predeterminado. Esta situación ha generado una gran atención mediática y legal, ya que los posibles efectos de estas decisiones podrían ser significativos para el curso del juicio y la percepción pública sobre la independencia judicial.