El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está trabajando en una ambiciosa Ley de Consumo Sostenible que busca transformar profundamente la manera en que se publicitan los productos energéticos en España. Esta legislación propone vetar la publicidad de productos totalmente derivados de fósiles, como los provenientes del carbón y del petróleo, cuando tales campañas sean ejecutadas por empresas de estos sectores.

Fuentes del ministerio, dirigido por Pablo Bustinduy, han confirmado que esta regulación no afectará a la publicidad del gas, subrayando su enfoque selectivo en la materia. Este movimiento responde a la creciente necesidad de combatir prácticas engañosas, como el ‘greenwashing’, donde las empresas hacen afirmaciones que carecen de fundamento científico para presentarse como sostenibles ante el público.

La futura norma también incorpora el derecho a reparar como un principio fundamental, buscando empoderar a los consumidores en su decisión de optar por productos que no solo sean respetuosos con el medio ambiente sino que también garanticen su durabilidad y reparabilidad. Esta legislación se enmarca en la transposición de directrices europeas que impulsan una transición hacia un consumo que respete el entorno.

Según las fuentes consultadas, "el consumo sostenible implica adquirir bienes y servicios que no comprometan los recursos futuros". Este compromiso está alineado con la estrategia del Pacto Verde Europeo, que promueve un cambio radical en las dinámicas de consumo dentro de la Unión Europea.

La regulación incluye cambios significativos, como la prohibición de hacer afirmaciones medioambientales genéricas, a menos que la empresa pueda validar su compromiso con la sostenibilidad de manera sustancial. Las expresiones como ‘ecológico’ o ‘respetuoso con el medio ambiente’ sin una base probatoria quedarán descartadas en el nuevo marco legal.

Además, la ley busca aumentar la fiabilidad de las etiquetas de sostenibilidad, que deberán contar con sistemas de certificación robustos. También se prohíbe presentar el cumplimiento de las normativas legales como un rasgo distintivo de un producto, evitando así confusiones entre el consumidor.

Por otro lado, se establece que las afirmaciones sobre la compensación de emisiones de gases de efecto invernadero no podrán utilizarse para dar la impresión de que un producto tiene un impacto ambiental neutro o mejorado. De esta manera, se impide que las empresas engañen al consumidor haciéndole creer que su impacto ambiental es menor mediante simples compensaciones.

Asimismo, la normativa especifica que no se podrá realizar afirmaciones generales sobre la sostenibilidad de un producto o la empresa si estas solo se refieren a un aspecto particular, garantizando así una comunicación más transparente y honesta hacia los consumidores.

Al ser ratificada, esta será la primera ley en España que se enfoque totalmente en promover el consumo responsable y sostenible, abarcando tanto la perspectiva de los consumidores como la de la producción. Un paso esperanzador hacia un futuro más verde y consciente de nuestras elecciones de consumo.