**MADRID, 1 de diciembre.** La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido una importante advertencia para aquellos que tengan la suerte de ganar en el sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, programado para el 22 de diciembre. Según la OCU, las entidades bancarias no están autorizadas a cobrar comisiones ni solicitar contrapartidas a los ganadores que acudan a cobrar sus premios.

Los afortunados que hayan ganado sumas inferiores a 2.000 euros podrán recoger sus premios en cualquier punto de venta de la red de Loterías. Para los que hayan adquirido el décimo en línea, el dinero ganado se depositará directamente en su cuenta bancaria asociada. No obstante, aquellos que obtengan premios superiores a 2.000 euros deberán acudir a las sucursales de las entidades bancarias colaboradoras, cuyas direcciones se pueden consultar en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Los ganadores deben tener en cuenta que tienen un plazo de tres meses, a partir del día siguiente al sorteo, para reclamar su premio.

En el caso de premios compartidos, la OCU ha subrayado la importancia de identificar a cada ganador y su respectiva participación ante el banco. El banco se encargará de transferir el monto total del premio, descontando únicamente el impuesto aplicable, a la cuenta del titular que repartirá el dinero conforme a lo pactado. Cabe destacar que solo aquellos premios que superen los 40.000 euros están sujetos a tributación.

La organización advierte que es crucial no cobrar un premio en su totalidad sin identificar a todos los participantes, ya que esto podría ser interpretado como una donación, lo que generaría la obligación de pagar el impuesto correspondiente a las donaciones. A pesar de que el premio ganado no está sujeto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cualquier rendimiento que se genere a partir del mismo sí está gravado.

Cuando los premios superan el umbral de 40.000 euros, Hacienda retendrá automáticamente un 20% de esa cantidad antes de repartirla entre los ganadores. Este procedimiento se aplica a cada décimo premiado, no a cada persona que comparta el premio.

Si un décimo se encuentra dañado, la OCU recomienda llevarlo a Loterías y Apuestas del Estado para determinar su validez. En casos de deterioro extremo, será la Fábrica Nacional de La Moneda y Timbre quien evaluará la situación. Los tribunales pueden aceptar diversas pruebas, como testimonios o la ausencia de reclamaciones, para decidir sobre el pago del premio.

Asimismo, se aconseja a los compradores de décimos que realicen fotografías de ambas caras o hagan copias del documento, ya que esto puede servir como prueba en caso de pérdida o robo. La OCU aclara que el décimo de lotería es un documento al portador, lo que significa que quien lo tenga en su poder es quien tiene derecho al premio.

En el caso de un décimo compartido, el depositario del billete debe entregar a cada participante una copia firmada, que incluya el nombre y el DNI del depositario, así como la cantidad acordada para cada uno. Esta información también puede ser enviada electrónicamente a través de correo o aplicaciones de mensajería instantánea, siendo fundamental que cada participante abone su parte antes del sorteo.

Al adquirir un décimo en línea, es esencial asegurarse de que se compruebe que se hace a través de una administración autorizada. Alternativamente, el sitio oficial de Loterías y Apuestas del Estado permite realizar la compra directamente. Esta modalidad garantiza la emisión de un comprobante electrónico, que tiene la misma validez que el billete físico y certifica la titularidad del mismo. Los originales quedarán resguardados en la caja fuerte de la administración.

Finalmente, en caso de pérdida o robo del décimo, la OCU enfatiza que es "fundamental" presentar una denuncia a la Policía Nacional o Guardia Civil. Tal denuncia debería detallar todos los datos relevantes, acompañada de pruebas, como fotografías o copias del décimo, incluyendo su número, serie y fracción. Además, es vital notificar por escrito a Loterías y Apuestas del Estado mediante un procedimiento formal para proteger los derechos sobre el premio hasta que un juez aclare la situación. “Con esta denuncia se puede suspender el pago hasta que se determine quién es el legítimo propietario”, concluye la OCU.