En el día de hoy, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha llevado a cabo una importante denuncia contra Ticketmaster, dirigiéndose a la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo. La causa principal de esta acción es el cobro de entradas online para los conciertos de Bad Bunny en Barcelona y Madrid, que ha sido tipificado como “irregular y abusivo”.

Según la OCU, Ticketmaster ha incrementado significativamente el precio de las entradas al incorporar hasta tres cargos adicionales. Por ejemplo, una entrada que inicialmente costaba 79,50 euros ha sido marcada con un precio final de 269,30 euros tras la inclusión de tres tarifas: 3,30 euros en concepto de donación, 36,50 euros por gastos de gestión y un cargo vip de 150 euros.

Esta no es la primera vez que la OCU se manifiesta en contra de este tipo de cargos adicionales, los cuales considera abusivos, ya que generalmente es el consumidor quien asume toda la responsabilidad de la compra online. “El usuario es quien ingresa los datos, selecciona la fecha, tipo y número de entradas, así como el método de pago, debiendo además guardar esa información o imprimir la entrada”, sostiene la organización.

La OCU también ha señalado que muchas de estas tarifas ocultas se revelan “casi en el instante del pago”, y que la empresa no ofrece reembolsos en caso de que el cliente necesite realizar un cambio o una devolución, lo que significa que el consumidor pierde la posibilidad de recuperar su dinero.

Además, la organización ha criticado la práctica de precios “dinámicos”, que cambian en función del mercado, sin que haya claridad sobre los factores que influyen en esos cambios y su magnitud.

Frente a estas situaciones, la OCU ha instado a la necesidad de una regulación adecuada de los precios dinámicos, que exija a las empresas ser transparentes desde el comienzo sobre sus políticas de precios. También piden que se respete el primer precio ofrecido hasta que el usuario complete la compra, que se establezca un límite en el aumento de precios en caso de que un usuario decida volver a consultar el costo, y que se prohíba el uso de precios dinámicos en productos y servicios esenciales, entre otras medidas que protejan al consumidor.