ONGs alertan sobre amenazas y presión a periodistas árabes en Haifa, Israel.

En un acto significativo en la defensa de la libertad de expresión, tres organizaciones no gubernamentales con base en Israel han tomado la medida de acudir a la justicia para proteger a los periodistas árabes de la ciudad de Haifa. Estos grupos han solicitado al tribunal que ponga fin a la interferencia de los inspectores municipales, quienes, según denuncian, han estado obstruyendo el trabajo de los informadores durante sus coberturas en vivo.

La demanda fue presentada por la abogada Hadil Abú Salí, representante del Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, conocido como Adalah. Junto a esta entidad, también están involucrados el Centro de Defensa de los Ciudadanos Árabes de Israel, Mossawa, y I'lam, el Centro Árabe para la Libertad de Prensa, Desarrollo e Investigación. Juntas, buscan una acción judicial que garantice la protección de los derechos de los periodistas árabes en la zona.

En su declaración, Adalah señala que la demanda busca una orden que prohíba de inmediato la intervención de los inspectores en la labor periodística, haciendo hincapié en las violaciones continuas que han surgido desde el inicio del conflicto armado actual en el que se encuentra Israel, tras una sorpresiva ofensiva militar conjunta con Estados Unidos contra Irán en febrero de 2026.

Las organizaciones han expuesto que los inspectores han impuesto presión sobre los periodistas árabes, instándolos a cesar sus transmisiones, y han compartido relatos de situaciones en las que estos funcionarios han hecho amenazas de multas y agresiones físicas. En un caso extremo, un inspector llegó a amenazar con quitarse el uniforme para agredir a un reportero.

A pesar de las intimidaciones, las ONGs han indicado que existe una falta de fundamento legal en las afirmaciones de que se requiere un 'permiso municipal' para realizar transmisiones. La policía debería ser la primera en destacar que no hay restricciones en la cobertura periodística, más allá de las normativas generales de censura que afectan a todos los medios.

La abogada Abú Salí argumenta que las acciones del municipio no son episodios aislados, sino parte de una tendencia sistemática de represión a quienes son percibidos como opositores al consenso predominante en tiempos de conflicto. Esta intervención, según ella, refleja prácticas discriminatorias y arbitrarias que deben ser detenidas al instante.

El director del Centro Mossawa, Jafar Fará, también ha alzado la voz en contra de esta situación, instando a las autoridades locales a cesar con la explotación política de su función municipal, especialmente en lo que respecta a los periodistas árabes. Sin embargo, Fará también ha señalado que estas políticas no sólo afectan a la prensa, sino que impactan a la comunidad árabe en su conjunto, con un empresa de seguridad que parece enfocarse más en cuestiones politicizadas como la eliminación de letreros en árabe que en abordar los problemas de crimen y seguridad que aquejan a la ciudad.

Concluyendo su intervención, Fará dejó claro que algunos dentro del gobierno municipal parecen considerar que tienen el poder de imponer un control militar sobre la población, indicando que esta situación requiere de una respuesta firme y clara para restaurar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de Haifa.